Política provinciana

En el fragor de la contienda por el poder interno en el PSOE, el mes de enero de 2017 Francina Armengol manifestaba su inquebrantable apoyo a la candidatura de Patxi López a la secretaria general del partido a causa de sus fundadas «dudas» de que Pedro Sánchez fuera la persona adecuada para dirigir la organización. Unos meses después, en mayo, se entregaba con armas y bagajes a Pedro Sánchez y demandaba el apartamiento de la elección en primarias a Patxi López. Desde entonces ha sido inevitable la percepción de que Armengol necesitaba hacerse perdonar su veleidad inicial con respecto a quien luego sería presidente del gobierno, reduciría el partido a mera plataforma de poder personal y colocaría a los fieles a su vera, enviando al frío exterior a los apáticos. Y tanto lo consiguió que recibió la gracia de la designación de presidenta del Congreso con los votos de la antinatural mezcolanza de partidos que sostienen a Pedro Sánchez. También la actual presidenta de Balears, Marga Prohens, aparecía como puntal de Pablo Casado hasta que las nuevas circunstancias la convierten en apoyo incondicional de Núñez Feijóo; en su caso, avalada por su paso en puesto de cierto relumbrón por el congreso de los Diputados, pátina que adquirirá la presidenta del Congreso si sobrevive a las mascarillas.

Con los antecedentes de Armengol, la conversación con el ministro –se habló con todos, insiste Iago Negueruela para desviar el foco– bien podría haberse desarrollado en estos términos:
–Presidenta, me dice Koldo que cuenta con la empresa adecuada para la compra de material sanitario.
–Gracias ministro, lo ponemos en marcha.

Así, una ignota Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas entregaba 1,4 millones de mascarillas al precio de 3,7 millones de euros. El material, inservible al no responder a la comanda realizada, continúa estibado en un almacén, es de suponer que a la espera de ser destruido. En su primera intervención pública, Francina Armengol mostraba «indignación y asco» por enriquecimientos ilícitos en tiempos de muerte; recalcaba que eran contratos de emergencia y que «lo volvería a hacer una y mil veces». La laxitud de los procedimientos administrativos a consecuencia de la carrera entre comunidades e instituciones por conseguir instrumentos de protección sanitaria no puede servir para explicar lo sucedido y menos para justificar la disposición a repetir. Quizá una disculpa habría sido más apropiada.

Sin embargo, la presidenta del Congreso ha dejado sin respuesta la pregunta más importante: ¿Por qué no se reclamó durante más de tres años el dinero malgastado y solo se cursó el requerimiento en el último instante, antes de dejar el poder? La acusación particular del Govern de Prohens en el caso Koldo quizá encuentre esta y otras respuestas.