Joan Miquel Perpinyà02/06/24 0:30
TW
1

El PSOE de Mallorca, en un ejercicio de moderación, define el Decreto Ley de simplificación administrativa como «brutalidad legislativa ejercida por el Govern PP-Vox». La diputada socialista Mercedes Garrido lo calificó como «una de las normas más nocivas que hemos visto en esta Comunidad Autónoma en su historia». Como le debió parecer que se quedaba corta, acusó a la presidenta del Govern de «vender el futuro de nuestros hijos para favorecer a sus amigos». Marc Pons afirmó que el Decreto Ley representa «el destrozo de nuestro territorio» y «malvender nuestras islas». Josep Castells, de Més per Menorca, preguntó a Marga Prohens: «¿Usted no piensa que la amnistía no lanza un mensaje de impunidad a los infractores? ¿Usted no piensa que la legalización espoleará nuevas infracciones?». No aclaró por qué ve tan claro que eso sucederá con la regularización urbanística, pero no con la amnistía del ‘procés’. Añadió el menorquín: «Lanza un mensaje de que aquí no pasa nada. Haz    la infracción que, tarde o temprano, se legalizará. (…) No sólo es un perdón, es un premio». Iago Negueruela no iba a quedar por detrás en la hipérbole y lo tildó de «85 páginas de depredación». «Esto es explotar y depredar el territorio como    han hecho cada vez que gobiernan», dijo el portavoz socialista.   

Con el comedimiento acostumbrado, los partidos de izquierdas en el Parlament están a favor de amnistiar delitos; pero un proceso de regularización de construcciones, casas, aljibes, cisternas, piscinas o porches en suelo rústico, por más que la infracción haya prescrito y no se pueda actuar de ningún modo contra estas edificaciones ya existentes ni derribarlas, les resulta insufrible. Será porque consideran que lo segundo es catastrófico, pero amnistiar delitos es encomiable, positivo y recomendable. Así de torcida está su escala de valores.

Si Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, se escandalizaba porque el BOIB tardase tres días en publicar el Decreto Ley del Govern, ¿qué pensará de que la Ley Orgánica de Amnistía, aprobada el jueves, no tenga ni fecha de publicación en el BOE y se especule con que se publicará pasadas las elecciones europeas? «Los ciudadanos que hicimos las cosas bien tenemos que pedir disculpas a los infractores», dijo Castells. Es justo lo que exigió Carles Puigdemont (JuntsxCAT) y así lo ha hecho Pedro Sánchez para seguir siendo presidente del Gobierno.