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Este domingo acaban de votar los 360 millones de europeos que vienen haciéndolo desde el jueves. En vísperas del recuento, me temo que la noticia del domingo por la noche será la abstención. Es un clásico de las nueve legislaturas anteriores del Parlamento de la UE; al menos en España, donde el ‘caso Begoña' o la relación de fuerzas PSOE-PP mueve más votos que la alerta frente a la ultraderecha o las dos guerras de incierto desenlace en las fronteras del Viejo Continente. Por lo tanto, la lectura del resultado va a ser inevitablemente nacional en nuestro desdoblado ecosistema político y mediático. Lo cual no supone un descarado distanciamiento del espíritu y la letra fundacional de la UE. Nada de eso. Tanto las normas (ordenamiento jurídico) como los valores (democracia, ley, derechos humanos) aletean en dos asuntos dominantes en la vida pública española, ambos sometidos a la llamada cooperación reforzada y la ineludible adecuación al ordenamiento jurídico de la UE. Basta reparar en la acción indagatoria iniciada por la Fiscalía de la UE sobre supuestas malas prácticas en torno a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y otros, en su calidad de ‘denunciados' por presuntos delitos de malversación de fondos, tráfico de influencias y prevaricación. Otra es la aplicación de la ley de amnistía a partir de su publicación en el BOE, que se producirá inmediatamente después de celebradas las elecciones europeas. El principio es la obligada adecuación de las legislaciones nacionales al derecho europeo. Y en ese sentido tiene mucha importancia todo lo que la UE tiene que decir en cuanto a los supuestos no amnistiables contenidos en la ley que cursa en la política nacional.