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Canarias tiene, en estos momentos y en diferentes centros, más menores inmigrantes no acompañados que habitantes la isla del Hierro. Sus condiciones de vida son, en muchos casos, vergonzantes. Viven en centros que no están preparados para acoger niños, con suciedad, cucarachas, sin servicios y mal alimentados. El presidente Clavijo ha conseguido la unanimidad de todos los grupos del Parlamento canario para instar una reforma de la ley de extranjería que obligue al resto de las comunidades autónomas a admitir el reparto de estos menores no acompañados. Todos menos Vox.

Crecidos por los resultados de las elecciones y el nuevo poder en el Parlamento Europeo, se atreven a amenazar al PP con romper los pactos de gobierno en aquellas comunidades donde ocupan plaza y cargos, si aceptan la reforma de la ley. Pero, como también están distraídos con el tema de las banderas del orgullo gay, no llegará la sangre al río. Menos mal que, de momento, Feijóo ha dicho que apoyará la ley y el reparto obligatorio de los menores. Pese a que Ayuso, como Vox, no los quiere en Madrid. Nos rasgamos las vestiduras, y con razón, ante las imágenes terroríficas del sufrimiento de los niños palestinos en Gaza, pero, cuando menores que huyen del hambre y de guerras parecidas llegan en patera a nuestro país, entonces que se los quede otro.

España tiene una población claramente envejecida; la tasa de nacimientos es tan baja que no se produce el relevo generacional. Para mantener las pensiones del futuro harán falta muchas manos extranjeras como las de estos niños. Y, para ello, los gobiernos autonómicos deben vigilar con mayor rigor y esmero las concesiones a empresas privadas que gestionan los centros de menores. La falta de personal preparado para atender a unos niños que arrastran los traumas de la soledad, el abandono y haber sobrevivido a una travesía en patera, hacen más difícil su integración. Ellos son también el futuro de este país.