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Las pateras no valen para una foto de Pedro Sánchez y Vox anuncia el boicot a los presupuestos autonómicos que no frenen las aportaciones a los centros de acogida de menores inmigrantes. Marga Prohens no tiene un problema solo con Le Senne y su permanencia, o no, al frente del Parlament, sino con el partido del por ahora todavía presidente, necesario para sacar adelante las cuentas públicas del año próximo.

Diez días después de la moción de censura que le llevó a la Moncloa, Pedro Sánchez bregaba por una foto entonces magnífica para sus intereses: anunciaba la acogida en puerto español del barco Aquarius que transportaba a 625 migrantes rescatados del mar y no encontraba resguardo en ningún puerto del Mediterráneo. Aunque Europa le pusiera morros por una acción unilateral, Sánchez se pudo proclamar campeón mundial de la solidaridad. Por un rato. Porque luego vendrían decisiones en sentido totalmente contrario, como fueron el bloqueo del Open Arms, otro barco dedicado a recoger migrantes en apuros en el mar, y, con posterioridad, la negativa a darle puerto seguro con un centenar de personas a bordo. Las expectativas electorales aconsejaban no mostrarse tan fraternal con los inmigrantes.

Según datos recogidos por Ultima Hora en lo que va de año han arribado a las costas insulares 125 embarcaciones con 2037 personas a bordo de las cuales 170 son menores no acompañados (datos de hace una semana que sin duda pueden haber aumentado). La previsión apunta a que durante este año los menores no acompañados duplicarán a los 180 llegados durante 2023. El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca, acoge en residencias a 603 menores, de los cuales 303 son inmigrantes. La consellera correspondiente del Govern, Catalina Cirer, constata la realidad de los servicios desbordados: «la situación es grave y puede ir a peor». Todas las señales indican que Balears ya no es solo lugar de tránsito hacia otros países, sino que se ha convertido en estación término. El Obispado ha reaccionado ante la emergencia, cediendo diferentes espacios. La Delegación del Gobierno, por su parte, remitió a una reunión de los responsables insulares y autonómicos con la secretaria de Estado, que no encontró hueco; vino la ministra de Inmigración, Elma Saiz, y tampoco. La duda es si el gobierno de Sánchez no sabe qué hacer, aparte de pretender repartir por decreto algunos de los 6000 menores no acompañados que esperan en Canarias, o está utilizando la inmigración como instrumento político contra las comunidades gobernadas por el PP. Las frases comodín del estilo hay que trabajar en los países de origen o es necesaria una política migratoria europea común se quedan solo en palabras bienintencionadas.

A todo esto, Jorge Buxadé (Vox) amenaza los presupuestos autonómicos de los gobiernos del PP que no corten la financiación a los centros de menores no acompañados. Es una línea roja, dice. Excita Vox el lado oscuro de muchos ciudadanos y asocia menores inmigrantes a delincuentes. Y claro que alguno hay. Los recientes casos de tensión callejera protagonizados por argelinos que llegaron como menores lo atestiguan. Pero tan injusta es esa vinculación como lo sería dar por bueno que todos los militantes de Vox son racistas y xenófobos. Y alguno habrá.