Los ciudadanos de Baleares estamos más cerca de poder disfrutar de un servicio, hasta ahora vetado para nosotros, como es el de los vehículos de transporte con conductor, las popularmente conocidas como VTC.
Al fin habemus sentencia del Tribunal Constitucional anulando la obligación de reservar la contratación de VTC con 30 minutos. Recordemos que en 2019 el Govern de Armengol aprobó por Decreto imponer la pre-contratación en un tiempo mínimo de treinta minutos (ahora declarada inconstitucional) y esta traba fue ratificada en el Parlament balear por unanimidad -sí, han leído bien, por unanimidad- cuando aprobaron la ley del taxi, a propuesta del PSIB, en febrero de este mismo año. Y es que, durante años, se han limitado a poner parches en el sector sin abordar una regulación del siglo XXI cuando la demanda y la oferta ya no son las mismas que hace veinte años.
¿Y por qué considera el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que la imposición y exigencia de ese lapso de treinta minutos de antelación mínima entre la contratación y la prestación del servicio de VTC es inconstitucional? Pues, obviamente, porque es contraria a la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución española y porque, además, esto afecta al ejercicio de la actividad de las VTC y las sitúa en una clara desventaja competitiva. Y, créanme, no hay nada más regresivo, reaccionario y contra ‘la gente’ que estar en contra de la competencia.
Vaya por delante que esto no significa que no reconozca que el colectivo del taxi pueda sentirse perjudicado por la irrupción de las VTC. Sin embargo, la solución no pasa por prohibirlas sino por buscar la convivencia de ambos servicios, garantizando la flexibilidad, la apertura del sector con la garantía de una competencia leal y con plena seguridad jurídica. La solución no pasa tampoco por eliminar la competencia. Al contrario, se trata de permitir la competencia en un marco abierto, sano y ordenado, con una regulación que nivele el terreno de juego, que dé a todos oportunidades para hacer su trabajo libremente. Evidentemente, para lograr esa transición, es necesario que los nuevos entrantes asuman una parte de los costes de transición hacia ese nuevo equilibrio. Existen numerosos ejemplos de éxito en otros países como Países Bajos o Australia.
En definitiva, las autoridades no deben legislar ni en defensa del taxi ni en defensa de las empresas de VTC, sino que deben legislar en defensa de los ciudadanos, priorizando siempre los intereses de los usuarios para que tengan derecho a elegir cómo se mueven y que puedan disfrutar de un servicio de transporte de calidad al mejor precio posible.
1 comentario
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Totalmente de acuerdo, pero recuerde ud que en ese momento la calle era un hervidero y que los taxista promovian disturbios todos los días, como sucedía en Barcelona. Ahora con este dictamen, no podrán hacer nada. Solo se ganó tiempo.