El agotamiento de los funcionarios y la imposibilidad, por la hora,
de redactar una nueva acta impidió ayer noche que el jurado popular
emitiera su veredicto sobre el doble crimen de Son Banya, que casi
con toda seguridad se conocerá hoy. Tal y como sucedió el domingo,
los nueve integrantes del tribunal popular permanecieron todo el
día reunidos en las dependencias de la Audiencia de Palma pero, a
diferencia del día anterior, parece ser que consiguieron aclarar
las contradicciones que habían surgido en sus conclusiones
provisionales.
Por la tarde se aceleró el proceso y se ordenó redactar una
nueva acta, e incluso a las 21.30 horas el juez solicitó que los
cuatro acusados fueran excarcelados, a fin de que estuvieran
presentes cuando se leía el veredicto. El Cuerpo Nacional de
Policía debía personarse en la prisión y acompañar a los procesados
hasta la Audiencia, pero en el último momento se dio marcha atrás y
se anunció que quedaba suspendida la vista.
Los funcionarios judiciales debían escribir a mano todas y cada
una de las nuevas actas formuladas y debido a la hora -las diez de
la noche- se decidió que el trámite se pospondría hasta hoy. Por
este motivo, parece evidente que el veredicto de culpabilidad o de
inocencia se conocerá a lo largo de esta jornada, pero incluso este
detalle podría verse modificado y anoche ninguna de las partes
implicadas daba por seguro nada. Miguel Ill Ferrer, abogado
defensor de Juan José D.S.; Carles Perelló, representante de
«Pancho»; Rafael Ramis, letrado de Concepción S.S., y Óscar de
Diego, contratado por «el Jeromo», permanecieron en la Audiencia
hasta pasadas las 22.00 horas y finalmente tuvieron que abandonar
el edificio ante la certeza de que todavía no había veredicto.
Según ha trascendido, las discusiones entre los nueve miembros
del jurado popular han sido muy enconadas y todos los integrantes
se encuentran extenuados tras una semana de intenso proceso. Los
puntos discordantes o contradictorios, no obstante, parece ser que
ya se han subsanado y ese detalle podría facilitar una resolución
final que está próxima. Los cuatro acusados se enfrentan a penas
que suman casi 200 años de prisión por los delitos de doble
asesinato, tráfico de drogas, robo con violencia y tenencia ilícita
de armas.
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