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Un empresario de la construcción de 40 años, llamado Jaime G.J., ha sido detenido por la Brigada de Extranjería y Documentación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía de Palma acusado de contratar inmigrantes ilegales en sus obras que nunca llegaban a cobrar su sueldo estipulado.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la situación irregular de la empresa de Jaime G. cuando varios de los obreros estafados interpusieron una denuncia relatando lo sucedido y recientemente el constructor de Llucmajor fue detenido por un delito contra el derecho de los trabajadores. De los datos recabados en las indagaciones policiales se desprende que el industrial captaba a los posibles empleados en bares y cafeterías de Palma. Se presentaba como constructor y les explicaba que tenía una oferta de trabajo para ellos. Por cada hora en la obra les prometía entre siete y ocho euros, dependiendo de la cualificación de cada uno, y se comprometía a abonarles la cantidad adeudada a final de mes.

Mediante este sistema consiguió engañar a numerosos trabajadores extranjeros, muchos de ellos en situación irregular y que carecían de permiso de residencia o de trabajo. El problema, sin embargo, estribaba en que los contratos se cerraban de forma verbal y Jaime G. no adoptaba ningún compromiso por escrito con aquellos inmigrantes. La policía sospecha que el empresario, merced a esta circunstancia, creía asegurarse el silencio de los trabajadores estafados, pero no fue así y gracias a la denuncias presentadas se destapó el caso. Los agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación registraron el negocio del constructor de Llucmajor y comprobaron que trabajan para él 16 personas, cinco de ellas españolas y el resto extranjeras. Ocho eran inmigrantes irregulares, sin ningún tipo de documentación en regla. Durante la inspección se descubrieron varias Tarjetas Unificadas de Extranjeros (UTE) que no tenían ninguna relación con la empresa del detenido, por lo que se está investigando qué hacía aquella documentación en poder de la constructora y qué uso se hacía de ella. De momento no se ha cuantificado la cantidad total que el acusado adeuda, supuestamente, a los trabajadores, pero al parecer es muy elevada.

La policía cree que Jaime G. intentó por todos los medios que no quedara constancia documental del trabajo que los inmigrantes ilegales realizaban en su empresa, y por ese motivo se han encontrado contratos laborales sin firma y, por ende, totalmente irregulares. Los trabajadores extranjeros, según parece, también habían caído en la cuenta de que su situación laboral no estaba normalizada, pero pese a todo se decidían a cumplir con el contrato porque su situación económica era muy complicada y no podían permitirse el lujo de rechazar una oferta laboral en condiciones.