Un empresario de la construcción de 40 años, llamado Jaime G.J., ha
sido detenido por la Brigada de Extranjería y Documentación (UCRIF)
del Cuerpo Nacional de Policía de Palma acusado de contratar
inmigrantes ilegales en sus obras que nunca llegaban a cobrar su
sueldo estipulado.
Los investigadores tuvieron conocimiento de la situación
irregular de la empresa de Jaime G. cuando varios de los obreros
estafados interpusieron una denuncia relatando lo sucedido y
recientemente el constructor de Llucmajor fue detenido por un
delito contra el derecho de los trabajadores. De los datos
recabados en las indagaciones policiales se desprende que el
industrial captaba a los posibles empleados en bares y cafeterías
de Palma. Se presentaba como constructor y les explicaba que tenía
una oferta de trabajo para ellos. Por cada hora en la obra les
prometía entre siete y ocho euros, dependiendo de la cualificación
de cada uno, y se comprometía a abonarles la cantidad adeudada a
final de mes.
Mediante este sistema consiguió engañar a numerosos trabajadores
extranjeros, muchos de ellos en situación irregular y que carecían
de permiso de residencia o de trabajo. El problema, sin embargo,
estribaba en que los contratos se cerraban de forma verbal y Jaime
G. no adoptaba ningún compromiso por escrito con aquellos
inmigrantes. La policía sospecha que el empresario, merced a esta
circunstancia, creía asegurarse el silencio de los trabajadores
estafados, pero no fue así y gracias a la denuncias presentadas se
destapó el caso. Los agentes de la Brigada de Extranjería y
Documentación registraron el negocio del constructor de Llucmajor y
comprobaron que trabajan para él 16 personas, cinco de ellas
españolas y el resto extranjeras. Ocho eran inmigrantes
irregulares, sin ningún tipo de documentación en regla. Durante la
inspección se descubrieron varias Tarjetas Unificadas de
Extranjeros (UTE) que no tenían ninguna relación con la empresa del
detenido, por lo que se está investigando qué hacía aquella
documentación en poder de la constructora y qué uso se hacía de
ella. De momento no se ha cuantificado la cantidad total que el
acusado adeuda, supuestamente, a los trabajadores, pero al parecer
es muy elevada.
La policía cree que Jaime G. intentó por todos los medios que no
quedara constancia documental del trabajo que los inmigrantes
ilegales realizaban en su empresa, y por ese motivo se han
encontrado contratos laborales sin firma y, por ende, totalmente
irregulares. Los trabajadores extranjeros, según parece, también
habían caído en la cuenta de que su situación laboral no estaba
normalizada, pero pese a todo se decidían a cumplir con el contrato
porque su situación económica era muy complicada y no podían
permitirse el lujo de rechazar una oferta laboral en
condiciones.
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