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La mujer sueca que ha pasado más de 20 meses en prisión preventiva acusada del asesinato de su marido, un cabo de la Guardia Civil, y que el pasado viernes salió en libertad tras ser absuelta por el jurado, no tiene previsto solicitar una indemnización por el tiempo que ha pasado privada de libertad. Según señalaron ayer fuentes próximas a Titti Lilian Irene Gyllenas, las posibilidades de que la mujer pueda ser indemnizada son muy escasas porque no se considera que se trate de un error judicial. El juez de instrucción decretó en su día la orden de prisión porque, en primer lugar, se trataba de un asesinato y existían muchos indicios que apuntaban a que la mujer sueca había estado implicada en el crimen, como por ejemplo el testimonio de dos personas que afirmaban que la habían visto el día del crimen saliendo del edificio en el que vivía su ex marido. Según la ley, la mujer sólo tendría derecho a ser indemnizada cuando se demuestra que el delito no ha existido (en este caso es evidente que sí existió porque se trataba del asesinato de un hombre) o que se ha detenido a la persona que nada ha tenido que ver con el caso. En el crimen de Orejana lo que ha ocurrido es que el jurado popular ha entendido que no hay pruebas suficientes para condenar a la mujer, y fundamentó su veredicto en que no se podía enlazar la hora en la que los forenses situaron el momento del asesinato (a las cinco de la madrugada del día 9 de febrero de 2002) con la presencia en el lugar de la acusada. Este caso no es el primero en el que una persona pasa tanto tiempo en prisión preventiva y después es absuelta. Hace varios años un británico pasó doce meses en prisión acusado de provocar un incendio en el centro de Es Refugi y después fue absuelto. El hombre presentó un pleito contra el Estado reclamando una indemnización por este año privado de libertad y se rechazó porque se consideró que no se trataba de un error judicial.