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La sentencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, que condenó a una ciudadana nigeriana por ejercer la prostitución callejera en Calvià, incumpliendo una ordenanza municipal, fue calificada de «positiva» por representantes de la clase política y del mundo del Derecho. La sentencia, que sienta un precedente en esa materia, condenó a la prostituta a pagar una multa simbólica de 40 euros.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, dijo que la sentencia le merecía «todos los respetos», aunque se excusó de profundizar más porque «no conozco la resolución a fondo».

La directora del Institut Balear de la Dona, Isabel Llinás, consideró, por su parte, que la prostitución se ha de abordar desde diversas perspectivas, ya que «no se puede penalizar solamente a la prostituta sin darle una salida» ni solamente al cliente, según informó EFE.

La responsable del Institut de la Dona declinó opinar sobre la normativa que ha impulsado el Ajuntament de Calvià al afirmar que dentro de su potestad puede hacer lo que crea más conveniente para el municipio y aseguró que, en su opinión, el tema de la prostitución no puede abordarse desde una única perspectiva.

En este sentido, apuntó que desde hace tiempo diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo están analizando la situación de la prostitución en Balears para darle respuestas desde diversos ámbito, no de uno solo. En cualquier caso, aclaró que el Govern no está en contra de quienes practican esta actividad de manera libre, sino contra los casos de explotación a mujeres. El delegado de Gobierno, Ramón Socías, afirmó: «Todo lo que sea favorecer el que se elimine la explotación de las personas es bueno.

En este sentido, es evidente que muchas de las mujeres que están ejerciendo la prostitución en la calle son víctimas de proxenetas y que de alguna manera están sufriendo una explotación, en este caso, sexual. Cualquier actuación que impida que puedan ser explotadas, creo que es positiva. También nos abre las puertas para intentar evitar una situación de marginalidad y de cierta inseguridad ciudadana que va ligada a la presencia de la prostitución en la calle».

El abogado Diego Wencesblat dijo: «No he tenido acceso a la sentencia, pero es bastante novedosa ya que puede sentar un precedente y que, incluso, pueda ser aplicada en otras autonomías. Abre una vía penal para perseguir el ejercicio de la prostitución callejera, y a simple vista es algo que puede ser positivo».