Una de las fincas rústicas intervenidas a miembros del clan de Son Banya.

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La inmensa mayoría de los 20 abogados, que defienden a los 27 acusados en el caso del «blanqueo» de dinero procedente del narcotráfico, se mostraron ayer de acuerdo con las condiciones que se señalan en el pacto que les ofrece el fiscal.

Los principales implicados en este caso, como se informó en la edición de ayer, son los componentes de un clan de Son Banya que, en el caso de que se rubrique el pacto, eludirían la cárcel sin que se celebrara el juicio. Un juicio que, en principio, tiene previsto su inicio para el próximo mes de enero, con una duración de unos tres meses y medio.

En el hipotético caso de que la vista oral se celebrara, la petición fiscal es de un total de 169 años de cárcel y una indemnización de 275 millones de euros. Pero, por las declaraciones a nivel extraoficial, recogidas ayer por varios de los abogados que trabajan en el caso, parece que el pacto se va a rubricar en los próximos días. Por parte de la Fiscalía no ha habido ninguna reacción oficial al respecto, y por parte de los abogados se esgrimían ayer dos argumentos. Uno es el de que, en el caso de que se celebrara el juicio podría darse el caso de que no pudieran probarse algunas de las acusaciones, con lo que parte de los bienes intervenidos tendrían que devolverse. También, algunos de estos letrados mostraron por la mañana su «temor», a que el fiscal pudiera dar marcha atrás a raíz de la publicación de la noticia.

Pero poco después ese «temor» desapareció, cuando pudieron constatar que el fiscal había mantenido por la mañana conversaciones con dos de los abogados que trabajan en el caso, y de que por lo menos con uno de ellos había cerrado el acuerdo. Un acuerdo que, como se informó también ayer, pasa por que los acusados se confiesen culpables y el Estado se quede con todos los bienes intervenidos.