06/05/08 0:00
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AGUSTÍN AGUILÓ Una sentencia ha condenado a los once narcotraficantes que introdujeron 7.200 kilos de hachís en la Isla por Cala Morlanda en el mes de enero del año 2007, a la pena de cinco años y seis meses de prisión para cada uno de ellos.

De entre los condenados, se encuentra el mallorquín Jaime Llull, alias 'el taxista', con otras causas pendientes también por tráfico de drogas. El resto de la banda son todos de nacionalidad marroquí.

Fugado
Diez de los once condenados por introducir hasta 237 fardos de hachís en la Isla se sentaron el pasado día ocho de abril en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, y el juicio duró toda una semana.

Al juicio no acudió el que al parecer era el cerebro de la banda, que tras su detención en el año 2007, pagó su fianza y se dio a la fuga.
En el fallo del tribunal aparece como probado que la banda de 'narcos' introdujo la cantidad de 7.200 kilogramos de cannabis procedente del Norte de Àfrica que recogían en Cala Morlanda situada en el término municipal de Manacor. La descarga de hachís se realizó a través de varias embarcaciones.

Al llegar a tierra, mediante vehículos, pertenecientes a terceras personas o alquilados desplazaban la droga para su almacenamiento en una finca rural llamada 'Son Banya'. A partir de ese momento se producía la distribución.

El día 21 de enero de 2007, la Guardia Civil, después de numerosas investigaciones, llevó a cabo una operación que derivó en la aprehensión de 124 fardos en el interior de una vivienda y 113 fardos en un vehículo alquilado aparcado en el exterior de la citada finca.

El importe de la incautación realizada al por menor hubiera ascendido a más de 32 millones de euros.
El mismo día se procedió a varios registros y detenciones en una vivienda en la calle Calí y en el Hostal Sorrento sito en calle Manacor.
Los siete abogados encargados de la defensa de los once condenados, que durante la vista habían solicitado la absolución de sus representados, han manifestado la intención de recurrir la sentencia, al considerarla 'desproporcionada'.

El Ministerio Fiscal solicitaba en su escrito de acusación seis años de prisión para cada uno de los ahora condenados.