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Un empresario mallorquín ha sido detenido en Palma por el supuesto incumplimiento de a legislación laboral, fraude a la Seguridad Social y alzamiento de bienes, ha indicado este martes la Policía Nacional.

La investigación empezó a raíz de que un trabajador denunciara una situación laboral que contravenía sus derechos y del resto de los empleados de la empresa, como el cobro de horas extras que simulaban ser anticipos de pagas extraordinarias que no percibían, firmar falsos finiquitos, y trabajar hasta 64 horas a la semana.

Según la Policía Nacional estos trabajadores aceptaban estas condiciones por temor a perder su puesto laboral.

La denuncia reflejaba además que el empresario había colocado a una persona de nacionalidad rumana, como pantalla, que figuraba como propietario y gerente con el fin de evitar el embargo por deudas que pendientes con Hacienda que generaron negocios anteriores.

La UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras inició la investigación del entorno de esta empresa, del entramado societario ficticio del empresario real así como de los bienes muebles e inmuebles, de los que es titular y de los que figuran a nombre de terceras personas, pero que realmente pertenecen al denunciado.

Fueron localizados nueve trabajadores y extrabajadores de la empresa, que corroboraron la vulneración de sus derechos laborales, así como la existencia de una tercera persona que era la que firmaba los contratos y nóminas.

El falso titular de la empresa admitió a los investigadores que era un trabajador más y que había aceptado esas condiciones por temor a perder su trabajo, siempre bajo las órdenes del verdadero titular de la empresa.

Durante las inspecciones y registros, se han intervenido una gran cantidad de documentos que contienen evidencias de un posible fraude a la Seguridad Social, que la Policía Nacional estima que es de 300.000 a 500.000 euros.

También se le intervino un coche de alta gama que había cambiado de nombre a fin de evitar que le fuera embargado por deudas.

Por tales hechos y ante indicios claros de ilegalidad, el Grupo II de la UCRIF detuvo el pasado 24 de noviembre al empresario mallorquín por un delito contra los derechos de los trabajadores, delito por fraude a la Seguridad Social y por alzamiento de bienes.