Más de 750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles una «gravísima amenaza» contra la independencia judicial, en referencia a lo que consideran un «linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos», contra el tribunal que ha dictado la sentencia del caso de La Manada.
Los magistrados denuncian que se ha desatado una «presión social» contra este tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra, y todo ello sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a las amenazas contra la separación de poderes.
«Nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo», reza la nota remitida al órgano europeo, en la que piden que éste se pronuncie sobre si la reacción del Gobierno de España contra la sentencia supone un «ataque a la independencia y la legitimidad del Poder Judicial».
Agravamiento
Esta protesta parte de una primera queja que fue remitida por 350 magistrados a través de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial a principios de mayo, pero en el tiempo transcurrido se han ido adhiriendo otros hasta sumar más de 750 apoyos. Al no haber recibido respuesta desde la primera nota, los denunciantes han interpuesto una ampliatoria, «puesto que la situación persiste e incluso agravada por nuevos titulares de prensa».
Los magistrados denuncian que, dado que la sentencia de La Manada «no se ha ajustado a las previas expectativas de algunos grupos de opinión», se ha desatado una «presión social» contra el tribunal, alentado por «políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales».
La queja, que lleva adjunta la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, explica al Consejo Consultivo de Jueces Europeos que el tribunal que dictó la resolución es «muy experimentado» y que creyó «la versión de la víctima», si bien uno de los magistrados formuló un voto particular defendiendo la absolución.
Ante esta situación, los más de 750 jueces firmantes lamentan que «la reacción fue inmediata» y a continuación pasan a recordar los comentarios de Twitter que publicaron los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, criticando el fallo. «Numerosos líderes políticos de ámbito estatal, autonómico y local se unieron a las críticas en similares términos», añaden.
También mencionan las diferentes iniciativas que se pusieron en marcha en internet en las que se pedía la inhabilitación de los tres jueces del tribunal así como las numerosas concentraciones que se celebraron en diferentes lugares de España para protestar por la condena por abuso sexual a los miembros de La Manada.
«Asimismo, se pegaron pasquines y se envió por el sistema de mensajería telefónica Whatsapp y otras redes sociales una comunicación con la fotografía y el nombre y primer apellido del magistrado discrepante al que se le tildaba de 'escoria humana' y se invitaba al receptor del mensaje a difundir su cara para que todo el mundo supiera quién era», subrayan los firmantes de la protesta.
Es más, la queja también hace mención a las palabras que el exministro de Justicia Rafael Catalá, cuando afirmó que el CGPJ «debía revisar el voto particular» que el magistrado del voto particular, de quien dijo además que tenía un problema «singular» y que «todos lo sabían».
Para los más de 750 magistrados, la libertad de expresión que se invoca al emitir estas críticas es «incuestionable» y los jueces españoles están «acostumbrados». Sin embargo, consideran que «el derecho a criticar las resoluciones judiciales tiene unos límites», los cuales «se han trasgredido en el momento en el que se insulta a los magistrados integrantes del tribunal y se les ataca personalmente poniendo en duda su capacitación profesional».
Los firmantes creen que el movimiento en redes sociales contra la sentencia «denota una estructura planeada y articulada» que podría estar «alentada por activistas próximos a formaciones políticas», pero opinan que «lo más grave» son las declaraciones de Catalá «poniendo en cuestión la capacitación del juez discrepante y sembrando la duda sobre la eficacia de la vigilancia del CGPJ sobre la salud mental y preparación de los jueces y magistrados». Declaraciones que, según apuntan, fueron «alentadas» por la exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso y actual ministra de Defensa, Margarita Robles.
A su juicio, «toda esta reacción en su conjunto tiene la fuerza e intensidad suficientes para influir y condicionar el ánimo de los jueces a la hora de decidir en lo sucesivo en asuntos semejantes y, en particular, en el TSJ Navarra en apelación y en el Supremo en casación cuando deban revisar la citada condena».
«La utilización política de una decisión judicial es siempre inadmisible pero, que los líderes políticos se presten a criticar una sentencia antes de haber tenido tiempo de leerla (son unos 300 folios) y que en general lo hagan, no con la pretensión de rebatir racionalmente su contenido, sino con la de imponer un relato popular de los hechos basado en el conocimiento fragmentario, mínimo y mediato (cuando no, tendencioso) de los elementos de convicción, rebasa la frivolidad y entra de lleno en la deslealtad institucional, por cuanto invita al ciudadano a cuestionar a todos los jueces y, relativizando el Estado de Derecho, reemplazar sus recursos por una pseudojusticia extrapocesal sin las garantías propias de un Estado democrático», denuncian.
Por otro lado, la queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos también destaca los «graves errores que el CGPJ ha cometido en la protección de la independencia de los jueces», ya que consideran «insuficientes» las medidas tomadas. «No obstante, es difícil pretender que el CGPJ elegido por el parlamento defienda a los jueces frente a los ataques de algunos destacados parlamentarios y miembros del ejecutivo», apunta.
Ante esta situación, los más de 750 magistrados afirman sentirse «completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo en la función judicial», de modo que solicitan la cooperación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos para «ayudar al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces» y que «declare la existencia en España de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial».
19 comentarios
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Espero que, cuando el tribunal supremo tiene el caso, los hombres salen a la calle para protestar. Demasiado tiempo los hombres han aguantado en silencio cuando ellos han sufrido injusticias. La manada es inocente y todos sabemos.
A ver si nos enteramos un poco, los jueces aplican las leyes que hacen los políticos en el parlamento, los cuales elegimos los ciudadanos a través de las elecciones y los mismos políticos si no les gustan las leyes las pueden cambiar, y los ciudadanos si no nos gustan las leyes podemos cambiar a los políticos, a eso se le llama estado de derecho. Es decir, todos somos culpables y responsables de las decisiones judiciales, lo que no se puede es estar constantemente criticando a los jueces por aplicar las leyes que nos hemos dado todos. Vergonya cavallers, vergonya.
La gente ha notado como los mas vagos, inutiles e indignos vividores del FASCIMO rancio y limitado mentalmente han sido llamados a filas y se dedican a opinar e intentar "movilizar" cosas. Sus comentarios apestan a subdesarrollo e incompetencia. Es tipico del subdesarrollo y la corrupcion. Que en cuanto se ven en peligro se acojonan y meten en sus filas y en la pelea a niños, ancianos y disminuidos.
Los jueces y los funcionarios DEBEN ser capaces de entender que estan al servicio de los democratas y contribuyentes que les pagan. Y que ni son mejores que ellos ni ningun dios o fatal destino les ha dado poderes y prevaleciencia sobre los mortales. Los que no sean capaces de entenderlo no pueden ser parte de la Justicia de un pais democrata y que busca el desarrollo y la dignidad. La prensa internacional, que quizas desprecian, tiene muy claro que este es un pais corrupto y clientelar que NO tiene independencia judicial. La gente informada en España tambien. ESTOS JUECES NO? O ES QUE LES DA IGUAL?
Todo los trabajos de la Administración están expuestos a criticas. Estos Jueces de pacotilla, lo debían de entender así, pero viendo lo que son, es lógico que quieran defenderse entre ellos. Su libertad intelectual no da mas, se creen que están por encima de todo y de todos. Solo recordarle que los ciudadanos tenemos todo el derecho de manifestarnos y expresar libremente nuestras ideas. Esta libertad esta muy por encima de todos ellos.
Que se acostumbren los jueces a que la ciudadanía cuestione sus decisiones (muchas de ellas surrealistas o más propias de asistentes sociales). Nuestra "justicia" está muy lejos, en ocasiones, del sentido común y dirigida por diferentes intereses
Los 750 magistrados machistas, que pretenden amordazar la opinión pública, parece que son muy bienvenidos en este foro, que cada día se parece más a la sección mallorquina de forocoches.Patético!
Y bien que hacen. Tres tipos que se han pasado años estudiando el derecho español y meses estudiando este caso, frente a un montón de tipos que no saben nada de nada pero que se permiten juzgar, presionar y amenazar. La guinda del pastel, politicuchos que desde todos los partidos han sucumbido a la presión popular. La rebelión de la chusma.
Lo de la manada se parece mucho a un linchamiento mediático.... Y muchos y muchas se apuntan al oportunismo sin el más mínimo rubor, Sra. Calvo...
Los magistrados han leído la sentencia todos y como miles y miles de ciudadanos saben que la manada es inocente de violación. Estarán absueltos por el tribunal supremo salvo el robo del teléfono móvil. Los magistrados están preparando para defender contra la reacción de las feministas y los políticos. Si perdemos la independencia de la justicia perdemos todo.