Esta es una de las principales conclusiones de este documento sobre violencia sexual en España, en el que esta organización denuncia la falta de políticas públicas específicas para atender estos casos, el recorrido «lleno de obstáculos y prejuicios» al que tienen que hacer frente las víctimas y el trato desigual que reciben según la comunidad autónoma en la que se produce la agresión o se denuncia.
«No volvería a denunciar» es una de las frases que destaca esta ONG tomada de los testimonios aportados por las víctimas para esta investigación, en la que también participan especialistas en violencia sexual y que coinciden en lo grave es que sean las mujeres las juzgadas en este proceso.
«El cien por cien de las mujeres no volvería a denunciar incluso con condena ¿Por qué van a querer pasar por este infierno?», sostiene una abogada penalista experta en violencia sexual en una de las entrevistas del informe. Su testimonio coincide con el de otra experta en violencia sexual que asegura que solo aconseja denunciar a las mujeres que «están preparadas psicológicamente para obtener una respuesta negativa por parte de la justicia».
Según Amnistía, desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la «falta de protocolos claros» de actuación y a la «ausencia de formación específica» de los profesionales que las atienden, tanto policía, personal médico, forense y judicial.
LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES, LAS «GRANDES OLVIDADAS»
En este sentido, apunta que la consecuencia directa es la falta de denuncia y que esto deja a España a la cola de la Unión Europea, concretamente en el puesto 25 de 32, que se traduce en 2,65 violaciones denunciadas por cada cien mil habitantes, según los últimos datos de Eurostat. Entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior.
Estas cifras contrastan con las de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres en España de 2015, que revela que más de 3,2 millones de mujeres ha sufrido violencia sexual. Pero ni estas encuestas ni los datos de denuncias reflejan la dimensión real de la violencia sexual en España, según la ONG, que denuncia la falta de información oficial al respecto, necesaria para la implantación de políticas públicas específicas.
A este «invisibilización» del problema, esta organización añade la falta de políticas públicas en materia de violencia sexual, sobre todo cuando esta se produce fuera del ámbito de la pareja o expareja, es decir, por terceros, pues no se incluye en la Ley Integral contra la Violencia de Género.
«Estas víctimas son las grandes olvidadas», afirman desde Amnistía, que reclama la reforma de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual del Código Penal, con un tipo específico de violación donde el elemento clave sea el consentimiento libremente otorgado, tal y como establece el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España en 2011.
CARENCIAS EN «TODAS» LAS AUTONOMÍAS
La ONG constata que en todas las comunidades autónomas existen carencias en la atención a las víctimas. En concreto, constata que «ninguna» de las 17 autonomías cuenta con 'centros de crisis' con personal multidisciplinar y con una «verdadera especialización» en violencia sexual, disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, como establece el Consejo de Europa.
Además, señala que hay diez comunidades autónomas --Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra-- y Ceuta y Melilla, que carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.
Los protocolos de actuación o coordinación son distintos en cada autonomía. Aunque que la atención médica, incluida la exploración ginecológica, esté garantizada, sin embargo, en unas comunidades es necesaria la denuncia para recibir atención sanitaria. Por ello, la ONG reclama la revisar, actualizar y garantizar la aplicación el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, incluida la violencia sexual, de 2012.
EN MADRID CAPITAL HAY QUE DENUNCIAR PRIMERO
Mientras en Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, en Madrid capital hay que denunciar antes de acudir a La Paz, que es el único hospital de referencia para garantizar la presencia de personal forense, algo que no es necesario en otros municipios de esta comunidad.
La obligatoriedad de poner una denuncia puede «invisibilizar», según Amnistía, a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como migrantes en situación irregular, trabajadoras domésticas, o mujeres con discapacidad que «en muchos casos» son violadas o abusadas por sus familiares o cuidadores, las mismas personas con las que tendrían que acudir a comisaría o a un centro médico en el caso de que decidieran denunciar.
«VEÍA EN SU CARA QUE NO ME CREÍA»
La falta de una adecuada formación con perspectiva de género las personas que atienden a víctimas de violencia sexual es otro de los obstáculos a los que estas se enfrentan. «Las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía», relata una mujer sobre el interrogatorio en comisaría.
Para los autores del estudio, la ropa de la víctima, la hora en que se produjo la violación, si había bebido o su nacionalidad «no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad» por parte de agentes policiales o forenses: «La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que la reciba».
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