Según la decisión del juez, divulgada por medios locales, se sentarán en el banquillo los que eran alcaldes en el momento del incendio de tres municipios afectados por el fuego: el de Pedrógão Grande, Valdemar Alves; el de Fuigueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, y el de Castanheira de Pera, Fernando Lopes.
También serán juzgados una ingeniera forestal del Ayuntamiento de Pedrógão, el comandante de los Bomberos Voluntarios de ese municipio, dos directivos de la eléctrica Energías de Portugal (EDP) y otros tres de Ascendi Pinhal Interior, la empresa responsable del mantenimiento de la carretera en la que murieron atrapadas 47 personas.
El juez decidió no mandar a juicio a las otras tres personas que habían sido acusadas por el Ministerio Público: dos responsables de Protección Civil y el teniente de alcalde de Pedrógão.
El incendio, el más grave de la historia reciente de Portugal, se desató el 17 de junio de 2017 y causó 66 muertos, más de 250 heridos y 46.000 hectáreas calcinadas en Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere e Ansião, en la región central del país.
La investigación de la Fiscalía apunta a que prácticamente todos los eslabones de la cadena fallaron, lo que derivó en la propagación de las llamas sin control y en el elevado número de víctimas.
El Estado luso, que asumió la responsabilidad por las muertes de Pedrógão y de las 51 ocurridas cuatro meses después en fuegos generados en el centro y norte del país, pagó 31 millones de euros en indemnizaciones a familiares de las víctimas.
El incendio de Pedrógão dio origen a otro proceso que investiga supuestas irregularidades en las ayudas concedidas para la reconstrucción de las casas destruidas por las llamas.
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