La tortura psicológica pasiva en una cárcel extranjera

Natural de la provincia de Sevilla, David que prefiere que no se conozca su apellido, participará este viernes en Madrid en una jornada organizada por la Fundación Abogacía Española sobre la situación de los presos españoles en el extranjero, repartidos en 65 países.

Según los datos de la Fundación, el 22,5 por ciento de los 961 reclusos, es decir, 217, están en cárceles francesas; el 8,6 % en Alemania (83) y una cifra idéntica en Marruecos; el 71,9 % en Perú (76), y el 4,3 %, es decir, 42 en Italia, el mismo número que en Portugal.

David ha querido relatar su experiencia a Efe no solo con el objetivo de denunciar la vulneración de sus derechos en Eslovaquia y el estado de la cárcel de Zilina donde pasó 20 meses, sino también para advertir de que por mucho que se calcule el riesgo de pasar droga en un país, aunque sea «blanda», puede surgir cualquier problema y acabar entre rejas.

A él le pasó. Había vivido diez años en Irlanda, dominaba el inglés y en Andalucía, adonde había vuelto, las tasas de desempleo seguían encabezando el ránking nacional. David fumaba hachís, conocía gente que lo suministraba y pensó que podía viajar por Europa (Alemania y Suiza, sobre todo) y ganarse un dinero con la venta de droga.

Se sentía «cómodo» -reconoce en una entrevista telefónica con Efe- siendo «bolero». Se tragaba las bolas de hachís y pasaba los detectores de los aeropuertos sin problema. Era más seguro que ocultar la droga en el equipaje.

Calculaba bien la cantidad que iba a pasar para que, en caso de ser detectado, el tiempo en prisión fuera corto. Al fin y al cabo llevaba droga «blanda», cuyo consumo se legalizará con los años, confía.

Pudo viajar así varias veces. En una de las visitas a Alemania un amigo tuvo un problema y no pudo acogerle, por lo que David decidió irse a Eslovaquia, donde tenía otro amigo, quien precisamente le delató a la Policía.

Aún no entiende los motivos por los que le denunció, pero lo cierto -continua su relato- es que había quedado con él a una hora y cuando subía unas escaleras para la cita, «doce policías armados, con perros y un maletín» para analizar droga le detuvieron.

Solo llevaba 451 gramos. Los agentes calcularon el precio en el mercado. A diez euros el gramo, su valor era 4.510 euros, una cifra penada en Eslovaquia con entre 10 y 15 años de cárcel.

No le sirvió de nada declarar que era para consumo propio y que pretendía vivir unos años en ese país. David pasó ante el juez y el 31 de mayo de 2017 ingresó en prisión preventiva.
Pero no daba crédito. Su delito tenía el mismo reproche penal que un violador o un pedófilo en Eslovaquia (entre 7 y 15 años).

«La Fiscalía no ofreció ningún acuerdo y me trataron casi como a un terrorista. Admití mi delito para que me rebajaran la pena y me condenaron a 7 años», explica.

Ya en prisión, David no quería apelar, sino cumplir la condena en España en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo de las penas en la UE. Pero el fiscal apeló y él no tuvo más remedio que hacerlo.

Según cuenta a Efe, en ningún momento del proceso se le notificó traducido al español ni la sentencia, ni el atestado que originó su detención, ni la declaración del amigo que le delató, ni los escritos de apelación... Nada. «A día de hoy, la prueba principal, los cargos de la Policía, no ha sido traducida».

«No me han dejado defenderme de la prueba principal», por lo que David ha denunciado todo el proceso en Eslovaquia por vulneración de las garantías procesales y ha pedido indemnización. No tiene esperanzas de ganar en ese país y está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Tras 20 meses en Zilina, el preso consiguió que se le retornara a España y la Audiencia Nacional readaptó su condena a la legislación penal española y le impuso tres años de cárcel.

Pasó unos meses en la prisión de Soto del Real tras ser repatriado el 25 de enero de este año. Luego fue clasificado en tercer grado y trasladado al Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla.

Los fines de semana podía salir del CIS. Ahora, y después de que en septiembre su padre sufriera un ictus, está fuera del centro para cuidar a su progenitor, pero controlado con pulsera telemática hasta el próximo 29 de mayo, que quedará en libertad definitiva.

Mientras, ha denunciado el estado de la cárcel eslovaca, que no reunía las condiciones que establece la UE. Frío, falta de electricidad y de agua caliente, suelos rotos y numerosas deficiencias que David describe como «tortura psicológica pasiva».

Sufrió una depresión, de la que fue tratado, por esa situación en una cárcel que es muy diferente a las del resto de Eslovaquia, según ha podido saber por presos que eran trasladados desde ellas a Zilina.

Agradece a la Embajada española sus gestiones y, sobre todo, a la Fundación de la Abogacía, que siguió su caso y le ayudó a todos los trámites necesarios para su repatriación. Mañana David podrá agradecérselo de nuevo.