Así lo ha aseverado este viernes en el juicio el agente instructor del atestado, que ha mantenido sus conclusiones -señalando a un trabajador del pub- a partir del análisis de las imágenes y de declaraciones de testigos.
El suceso tuvo lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaban los acusados, en la zona de Punta Ballena. La víctima, un hombre de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca, fue agredida aquella noche y murió días después en el Hospital Son Espases.
En el banquillo se sientan dos hombres, un británico de 38 años acusado de homicidio y un español de 40 años acusado de encubrimiento. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por el homicidio y un año y ocho meses por el encubrimiento.
Cabe señalar que un testigo describió a otra persona, otro turista, como el autor de la patada que habría provocado la lesión letal, exculpando así al trabajador.
Según la Guardia Civil, otro testigo aportó una descripción que coincidía con el procesado señalándole como la persona que había agredido al turista. El empleado reconoció que había dado una bofetada a la víctima, pero no una patada en la cabeza.
Uno de los guardias civiles que examinó las imágenes de las cámaras de seguridad ha rechazado que se vea ninguna patada. Con todo, los forenses concluyen que la lesión mortal es compatible con una patada y no con un puñetazo o una caída.
PRESUNTO ENCUBRIMIENTO
Por otro lado, los agentes que han comparecido en la vista han mantenido que el encargado del pub les dijo que las cámaras de seguridad tenían «un fallo» y que «no grababan», si bien han reconocido que les entregó los aparatos «sin ningún inconveniente».
El encargado negó haber dicho que las cámaras estuvieran averiadas. Según su versión, en una de las ocasiones en las que fue a declarar a la comisaría, habló por teléfono con un técnico con la opción de manos libres activada para que los agentes lo pudieran escuchar, pretendiendo dejar claro «que no mentía"; de manera que fue el técnico quien dijo que había un problema con las cámaras.
Aunque en un principio se ha hablado de una avería, según el procesado el técnico se refería a que tenía dificultades para extraer las imágenes. «Yo le dije: 'De alguna manera tienes que sacarlas'», sostuvo el acusado el acusado.
Este viernes, un guardia civil ha explicado que el encargado transmitió «que tenía entendido que recientemente tenía una avería», pero que no descartó ni confirmó que tuviera las grabaciones, y que ante esto se decidió ir a recoger el aparato.
TESTIGOS PROTEGIDOS
Los agentes también han declarado que varios testigos fueron declarados testigos protegidos porque manifestaban que tenían «miedo» a posibles represalias por parte de los acusados. «Decían que los trabajadores del local estaban muy interesados en cómo iba la investigación», «comentaban que había porteros que habían agredido alguna vez a alguien, que no eran gente pacífica», han indicado.
No obstante, estos testigos negaron esta semana en el juicio que tuvieran miedo de los acusados y apuntaron que simplemente la Guardia Civil les ofreció esta protección y ellos aceptaron.
Uno de ellos dijo que tenía miedo, pero sin señalar a los acusados sino hablando de que la zona de Magaluf, en general, es «un sitio peligroso"; otro dijo que aceptó esa protección porque nunca había intervenido en una causa judicial y pensó que era «mejor prevenir que curar».
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