Las mujeres fueron localizadas por la Policía Nacional en Colombia y se procedió a su imputación. | Alejandro Sepúlveda

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Tres mujeres, de nacionalidad colombiana, se sentarán en el banquillo de los acusados por coaccionar a un alto cargo del Govern para cobrar una supuesta deuda de 10.000 euros. El político balear tenía a una de las imputadas trabajando en casa de sus padres, sin contrato laboral y sin dar de alta en la Seguridad Social.

Según el escrito de la Fiscalía, una de las mujeres venía desarrollando prestación laboral desde el año 2003 en el domicilio de la madre del alto cargo. La empleada, por motivos personales, tuvo que desplazarse a Colombia durante el mes de febrero de 2021. Por ese motivo, fue despedida sin percibir prestación alguna y sin derecho a recibir el paro o cualquier otro tipo de ayuda.

A partir de ese instante, el enfado de la trabajadora fue en aumento. El día 18 de marzo de 2021, la protagonista, su hija y una tercera compatriota, amiga de las dos primeras, enviaron desde Colombia un mensaje de Whatsapp al político mallorquín. En el mismo, las mujeres reclamaban el abono de la cantidad de 10.000 euros en concepto de la liquidación (finiquito) por el trabajo realizado. En caso contrario, amenazaban con acudir a la Seguridad Social para denunciar que, desde el año 2003, estaban ejerciendo un trabajo de forma totalmente irregular y estafando a Hacienda.

Además, la exempleada, sabiendo que el político ocupa un trabajo con notoriedad pública, también fue coaccionado con hacer pública esta información a los medios de comunicación.

Se trataría de un ‘caso Echenique' a la balear. El día 16 de marzo, las mujeres realizaron una llamada telefónica al perjudicado en los mismos términos que el mensaje de texto. La presunta víctima, lejos de aceptar el supuesto ‘chantaje', decidió acudir a la Policía Nacional y presentar una denuncia contra las mujeres.

Los agentes investigadores hicieron su trabajo y localizaron a las autoras materiales de las amenazas. Ahora, la Fiscalía solicita una pena de tres meses de multa con cuota diaria de 15 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago al entender que estamos ante un delito leve de coacciones.

Por su parte, el denunciante puede ser sancionado por la Seguridad Social por tener a una trabajadora sin dar de alta, al margen de la responsabilidad moral de su cargo.