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El fiscal jefe de Castilla-La Mancha, designado especialmente para el caso, reclama una pena de dos años de prisión para Miguel Ángel Subirán por orquestar una denuncia falsa contra los policías que le investigaban. Para el Ministerio Público, el exfiscal y el antiguo testigo, para el que reclama la misma condena, intentaron acusar al mando policial de presionar a un testigo del 'caso Cursach' justo en el momento en el que el TSJIB tenía que decidir si le enviaba o no a juicio. Junto a la condena de prisión reclama que Subirán abone una multa de 9.000 euros y que indemnice con otros 6.000 al comisario. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma ha dictado ya auto de apertura de juicio oral . En esa resolución impone al exfiscal el pago de una fianza de 6.000 euros.

Los hechos por los que califica el fiscal arrancan en junio de 2020. Un testigo policial del ‘caso Cursach', que nunca llegó a declarar en el juzgado, denunció que dos supuestos sicarios le atacaron en el aparcamiento de su casa y le arrojaron ácido . El TSJIB tenía abierta entonces la investigación al juez Penalva y al exfiscal Subirán, que habían declarado apenas tres meses antes. En ese contexto, la denuncia del testigo fue aportada al procedimiento después de ser difundida por dos medios de comunicación, un diario y un digital. Un juzgado de Palma asumió esa investigación. En la Policía Nacional, el Grupo de Homicidios interrogó al testigo y llevó a cabo una serie de diligencias.Concluyó que la agresión nunca se produjo y que todo apuntaba a que el mismo testigo se había quemado en la barriga. En primer lugar, porque tardó dos días en acudir a Son Espases, aseguraba que le intentaron tirar el líquido a la cara pero que consiguió huir. Sin embargo, en lugar de tener salpicaduras y quemaduras que las reflejaran, mostraba una única herida. En el lugar del falso ataque tampoco había ninguna prueba de nada parecido a un ataque con ácido.

Durante el interrogatorio, los agentes de Homicidios reflejaron que el testigo recibía llamadas de Subirán . Poco después de esa diligencia, el testigo presentó una denuncia contra los dos inspectores encargados de la investigación al exjuez y el exfiscal. Decía que le habían presionado en ese interrogatorio en el que no intervinieron. La jefatura de la Policía Nacional comunicó lo ocurrido al TSJIB y el propio Subirán aportó una grabación de una conversación telefónica con el testigo. En ella intenta en todo momento apuntar a los dos inspectores, conocidos como ‘Los Juanes'.

En base a esa grabación y de la denuncia de uno de los inspectores, un juzgado de Instrucción asumió la causa. El testigo reconoció que fue Subirán quien escribió su denuncia en el despacho de un abogado.El letrado lo confirma y el propio exfiscal admitió la autoría del escrito aunque, en su defensa, dijo que se limitó a consignar lo que le dijo el testigo del ácido.

En cualquier caso, la denuncia, de nuevo terminó reflejada en escritos de la defensa de Subirán ante el TSJIB para intentar desacreditar la labor de los investigadores y acusarles de ‘apretar' a testigos, precisamente una de las acusaciones que mantiene al exfiscal ahora mismo en el banquillo de los acusados.

Han sido numerosas las denuncias y querellas promovidas contra policías y fiscales a cargo de la investigación a Penalva y Subirán por los propios imputados. La primera, contra el entonces jefe Superior, Antonio Jarabo, que fue archivada. El fiscal que interviene en el juicio y que asumió el del ‘caso Cursach', Tomás Herranz, también denunció haber sido objeto de intentos de querella . ‘Los Juanes' han sido también uno de los objetivos predilectos. En esta ocasión, la estrategia pondrá de nuevo en el banquillo de los acusados a Subirán.

El ahora comisario ejerce la acusación particular en el procedimiento contra el exfiscal. A diferencia de la Fiscalía no solicita pena de prisión ni indemnización sino una multa . Tampoco reclama responsabilidad civil. El juez ha impuesto una fianza de 6.000 euros a Subirán y al testigo del ácido. En este asunto ha intervenidoel fiscal superior de Castilla-La Mancha, que está designado de forma excepcional para asumir todos los asuntos que tengan que ver con Subirán y que no dependan de Anticorrupción. También asume las otras cuatro causas abiertas en torno a testigos protegidos sospechosos de mentir.

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