José Antonio Navarro, a la salida de una de las sesiones del juicio en la Audiencia Provincial.

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La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el antiguo jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, estaba a sueldo de un grupo hostelero de Magaluf. El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones definitivas tras el juicio: Mantiene peticiones de seis años de cárcel por cobrar sobornos contra Navarro y el exjefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma. Ambos tenían una asesoría que llevaba los contratos del grupo MCP. Acusa además a los dos responsables de esta empresa, Juan Ferriol y Juan Miguel Luna, para quien también reclama condenas de seis años de prisión.

El cambio introducido por los fiscales Fernando Bermejo y Tomás Herranz afecta a los dos agentes de la unidad canina acusados inicialmente. Retira todos los cargos contra ellos al considerar que nunca amenazaron a dos empresarios ingleses ni que colocaran una papelina de cocaína en su local para intimidarlos. Al contrario, coincide ahora en que se trató de un ejercicio rutinario para adiestrar al perro encargado de localizar estupefacientes. Ambos agentes, defendidos por los abogados Gaspar Oliver y Miquel Arbona, estuvieron en prisión preventiva en el año 2014 cuando estalló el caso.

La acusación definitiva mantiene que Navarro y Ledesma por igual mantenían, a pesar de que era totalmente incompatible, una asesoría que trabajaba para MCP y varias de sus empresas satélites. El grupo empresarial manejaba una decena de establecimientos en Punta Ballena. Añade que, al menos entre 2007 y 2014, los dos mandos policiales «intercedían en todo lo relativo a expedientes administrativos y sanciones seguidos en el Ajuntament de Calvià, donde recibían trato de favor». Aluden a archivo de denuncias, multas retiradas o pagos de pequeñas cuantías por las mismas. Además, añade que Navarro intervino para que no se incoaran cinco denuncias por infracciones de la ordenanza de publicidad dinámica de Calvià y que estas empresas recibían preavisos de inspecciones. A cambio recibían 6.000 euros cada dos meses.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público reclama el pago de 44.000 euros en multas a Navarro y su inhabilitación. Incluye, además del cohecho un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Todas las defensas niegan los hechos y reclaman la libre absolución.

5.000 sanciones

En la última sesión del juicio, comparecieron cuatro funcionarias del departamento del Ajuntament de Calvià encargado de tramitar las sanciones a bares y locales de ocio. Todas ellas respaldan que Navarro no tenía ninguna participación en esta tramitación administrativa y que la Policía Local no intervenía más allá de la denuncia de los hechos. En concreto, la jefa del servicio explicó al tribunal que cada temporada se manejaban en torno a 5.000 expedientes contra locales de ocio en Calvià y que el departamento apenas contaba con tres funcionarios para su tramitación. El juicio terminará el lunes con los informes de la Fiscalía y las defensas.