«Espero que en estos dos años se pongan las pilas para intentar pagarme»

«Fui a la oficina desesperado para saber qué había pasado, pero ya no había nadie. Llamé a los responsables, pero ninguno me cogió el teléfono. Ni Miguel Torrandell, ni su mujer, Carmen Rabasco, ni su socio Óscar. Les pedí que se pusieran en contacto conmigo, pero no respondían. Ni a los whatsapps, ni a las llamadas ni nada... y no me quedó más remedio que ir a la Guardia Civil y ponerles una denuncia».

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida abrió una investigación y detuvo al matrimonio y a su socio en febrero de 2020. Los agentes tomaron declaración a al menos 15 víctimas que, como Jaime, habían pagado decenas de miles de euros por casas modulares que nunca se llegaron a construir. La Audiencia de Palma acogió el pasado 23 de octubre una vista a prevención por la estafa inmobiliaria, pero no hubo acuerdo entre las partes y la vista se fijó para febrero de 2025.

Algunos de los perjudicados lamentan que se alargue tanto. «Me parece una vergüenza», dice Jaime. «Supongo que todos son excusas. Que si hemos pasado por una pandemia, que ha habido una huelga de funcionarios de justicia... el problema creo que viene de más arriba, de nuestros políticos, que no les dan los suficientes medios y entiendo que no pueden adelantar los juicios».

Jaime Durán siente rabia. «En mi caso está clarísimo que me han estafado, no sé por qué hay que ir a juicio. Yo he pagado 218.000 euros por mi casa y no se ha hecho. Espero que durante estos dos años esta gente se ponga las pilas y se vaya a trabajar donde quiera para intentar pagarme», explica. «Espero y deseo que vayan a prisión si no me devuelven todo mi dinero», insiste el hombre. «Lo que más rabia me da es que con parte de mi dinero estas tres personas han contratado a un abogado para que les defienda».

Javier T., funcionario de profesión, es otro de los perjudicados. Pagó el 15 por ciento del proyecto de una casa modular en Marratxí: 23.000 euros. No ha recuperado ni un céntimo. «Me parece indignante porque al final eres una doble víctima», asegura. Javier T. dice que el retraso beneficia al constructor investigado. «La justicia te victimiza más y tira por los suelos el trabajo de otra institución como es la Guardia Civil. Es injusto», lamenta.

La Fiscalía reclama ocho años de cárcel para el constructor por un delito de estafa agravada y una multa de 14.400 euros. Para su mujer y el socio de ambos solicita sendas penas de seis años y medio de prisión y la misma sanción económica. La acusación pública pide que indemnicen a las víctimas con 541.923 por el dinero que se apropiaron.

El Ministerio Público recoge en su escrito que el constructor constituyó la sociedad Grupo GRC Modular Mallorca en 2016. Su mujer también trabajaba en la empresa, que se dedicaba a la fabricación de fibrocemento y a la promoción inmobiliaria. El matrimonio utilizaba un sistema modular del que habría obtenido un certificado emitido por el instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja.

El documento les permitía realizar el cerramiento de fachadas con paneles prefabricados con un material llamado GRC. El certificado, en realidad, había sido falsificado por la pareja, que usó otro que había sido emitido para otra empresa y sustituyeron el nombre de esta por la suya.

El principal acusado ya tenía antecedentes por delitos de falsedad en documento privado y estafa. El juzgado de Instrucción número 1 de Inca le condenó en octubre de 2016 a dos años de cárcel y una multa de 360 euros. La misma jueza le impuso un año y cuatro meses de prisión por los mismos delitos en 2017.

El constructor, su mujer y el socio de ambos crearon su propia web y se anunciaron en otras páginas especializadas en la construcción, como Habitissimo, para captar clientes. Los procesados, según el relato del fiscal al que ha tenido acceso Última Hora, realizaban ofertas más bajas que las convencionales y pedían pagos por adelantado para construir las casas modulares.

Lo hicieron «a sabiendas de que no podrían construir al carecer de conocimientos técnicos necesarios y del personal adecuado para las prometidas construcciones», según la Fiscalía. El matrimonio y su socio llegaron a abrir una oficina en Inca e iban cambiando el personal técnico de la empresa porque comerciales y arquitectos acababan marchándose por falta de pago del salario o por la imposibilidad de realizar su trabajo.