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La Fiscalía pide una condena de seis años para un hombre que, presuntamente, desvió y movió más de 122.000 euros de la cuenta de un matrimonio de Calvià a otra entidad bancaria con la venta de bitcoins. La mujer perjudicada ha acudido al juicio celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma para explicar lo sucedido. «Empecé a invertir en bitcoin igual que lo hacía con los billetes de lotería, pero no sabía que lo que hacía acabaría así».

Los hechos que se relatan en el escrito de acusación, la damnificada denunció ante la Guardia Civil de Calvià que alguien había realizado transferencias no autorizadas desde su cuenta bancaria y la de su marido entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Meses antes, en marzo de 2020, la mujer había accedido a una página web para invertir en bitcoin, llegando a realizar distintos pagos por importe de varios miles de euros para comprar criptomonedas. «Pagué máximo 8.000 euros y al poco tiempo me dijeron que había ganado 100.000 euros, pero cuando pedía que me lo transfirieran a mi cuenta del banco no me contestaban», ha afirmado ante el Tribunal.

En el proceso, le hicieron varias llamadas telefónicas en la que le pidieron acceso a su cuenta bancaria para desbloquear determinados pagos, a lo que la denunciante había accedido, tanto para su cuenta como la de su marido. El dinero fue a parar a cuentas bancarias abiertas por el acusado con su DNI y teléfono móvil en dos bancos distintos. Una vez recibidas las transferencias, el acusado supuestamente transfirió las cantidades a una cuenta en el extranjero para adquirir criptomonedas.

Ante la acusación del fiscal, el principal sospechoso también asegura ser víctima de una estafa y que no tenía ninguna relación con los desvíos de dinero a cuentas a su nombre. «A mi me contactan unos asesores que se dedican a la compra de criptomonedas y empecé a invertir bastante dinero que después perdí», ha informado el acusado. «Quería recuperar mi dinero y desde la empresa de Blockchain me dieron dinero que después tenía que devolver para recuperar la inversión aunque no sabía de donde salía», ha confirmado. Haciendo uso de su última palabra, el inculpado ha asegurado de nuevo que «soy víctima de una estafa, no cómplice».

A su vez, el Ministerio fiscal se mantiene firme en su acusación debido a la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial. Según la investigación, el acusado formaba parte de una organización como cooperador necesario en una estafa ya que estaba al corriente de las transacciones de dinero y daba la última autorización para llevar a cabo la transferencia. Por estos hechos relatados por la Fiscalía, se mantiene en firme la petición de seis años de prisión para el sospechoso y la indemnización de 123.000 euros a la perjudicada, más una multa de 10 euros al día durante 12 meses.