«No la toqué nunca, ella se tocaba siempre, pero no le puse la mano encima. Lo habrá hecho por venganza». Así ha declarado un hombre de nacionalidad chilena, afincado en Zurich (Suiza), tras ser acusado por violar a una amiga de su hija de 14 años durante sus vacaciones en una casa de Inca. Los hechos que se relatan en el escrito de acusación del Ministerio público tuvieron lugar sobre las 18.00 horas del 8 de mayo de 2023, cuando el encausado estaba con su hija y la amiga de la menor, también de 14 años, en una habitación de la vivienda y empezaron a beber alcohol por voluntad propia tras haber tomado una pastilla de 1mg de Orfidal.
A consecuencia de la mezcla de las dos sustancias, la menor tenía anulada su capacidad cognitiva y se quedó dormida. En este momento, el sospechoso empezó a besar a la adolescente en el cuello y en los labios. No quedó aquí el suceso, pues empezó a introducirle la mano en el interior de los pantalones de la víctima, llegando a meterle un dedo en la vagina, lo que provocó que la perjudicada se despertó y éste paró en su actitud libínidosa. En una primera declaración ante la Policía Judicial de la Guardia Civil, la joven declaró haber bebido alcohol y sentir escozor en las partes genitales tras haberse despertado.
Por su parte, el acusado ha negado en todo momento los hechos por los que se le juzga. «En ningún momento le introduje los dedos, ella me buscaba en varios momentos, me besó en el cuello, pero yo la empujé», ha comentado ante el Tribunal. A su vez, ha señalado que la amiga de su hija era una persona complicada. «Tuvo la entrada prohibida en mi casa porque llevaba a mi hija por un mal camino, su padre me comentó que era adicta a los vídeos pornográficos», ha insistido.
A su vez, la Fiscalía pide para el varón una condena de 15 años de prisión por un delito contra la libertad sexual, además de imponerle una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante un período de 20 años. También pide una pena de diez años de libertad vigilada y la inhabilitación de trabajar con menores durante 20 años más. Por último, se le exige el pago de 25.000 euros por los daños morales causados a la perjudicada.
