Juzgan a un preso de la cárcel de Palma por violar varias veces a un compañero de celda

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Un hombre se enfrenta a una pena de diez años de prisión por obligar a su compañero de celda en la prisión de Palma a realizarle una felación en tres ocasiones. En el juicio que se ha celebrado este jueves por la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, el acusado ha negado en reiteradas ocasiones negó haber «agredido sexualmente a este señor».

A las preguntas del Fiscal, el procesado, que estuvo encarcelado durante casi seis años, pero que ya está en libertad por varios delitos ha respondido «no» de manera contundente en todo momento a todas las cuestiones requeridas por el ministerio público.

- ¿Le obligó a realizarle felaciones en tres ocasiones?
- No, nunca le pedí eso.
- ¿Le dijo que se tenía que beber su leche»
- No, en ningún momento.

A su vez, el procesado ha asegurado que el denunciante es «una persona agresiva, no es una hombre muy cabal y es difícil hablar con él». También, ha recalcado que «me pedía dinero, que le comprase tabaco o le llevase bebidas del economato, pero siempre me negaba. Me denunció por pura venganza», ha comentado.

Los hechos por los que se juzga al antiguo preso sucedieron a principio de 2021, en el que ambos protagonistas convivían en la misma celda de la cárcel de Palma y el acusado obligó a su compañero a realizarle varias felaciones en distintas ocasiones.

Por su parte, uno de los funcionarios de prisiones encargado del mantenimiento del módulo en el que se encontraban los encausadas ha asegurado que: «La víctima vino diciendo que le habían agredido sexualmente y diciendo que le habían exigido beberse su leche».

El fiscal ha argumentado que el funcionario de prisiones había declarado en la fase de instrucción que el encausado había tenido actitudes similares con otros internos. «El perjudicado verbalizó los episodios en concreto, pero otras personas ya habían sufrido problemas con el procesado», ha afirmado. Por estos diversos episodios, el acusado se enfrenta a una pena de cárcel de diez años y un pago en concepto de indemnización que asciende hasta los 10.000 euros por los daños morales ocasionados en la víctima.

En la declaración de la víctima, la magistrada decidió hacerla a puerta cerrada debido a los presuntos daños morales que sufre el perjudicado a raíz de las distintas amenazas por parte del enjuiciado.