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Francisco Miguel Hiralgo tenía cuatro años y uno de sus juegos favoritos era esconderse en un pinar de Son Bauló, en Can Picafort, en el jardín de su casa. En 1999, hace ahora 25 años, el brutal ataque de un dogo argentino llamado 'Copi' acabó con la vida del pequeño y horrorizó a toda Mallorca. El pánico que se desató fue tal que el Gobierno del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, improvisó un decreto sobre razas peligrosas, que a día de hoy sigue vigente. El dueño de 'Copi', un empresario llamado Alfredo Cordero, fue condenado a un año de cárcel y una multa de 3.000 euros. Una sentencia que desató la indignación de María Francisca y Miguel, los padres del pequeño.

El can, de gran corpulencia y poderosas mandíbulas, se ensañó con el pequeño y le destrozó en pocos minutos, por lo que los médicos que lo atendieron de urgencia no pudieron hacer nada por él. El ataque se produjo poco después de las cuatro y media de la tarde del 29 de enero de 1999, en la calle Son Bauló de Can Picafort. El pequeño Francisco Miguel estaba jugando en un jardín de su vivienda y de repente el dogo y otro can, un dogo de Burdeos, saltaron la valla y se acercaron a él.

El primero se abalanzó sobre el pequeño y le mordió por todo el cuerpo, sobre todo en la nuca, cuello y tórax. Un vecino, Juan José Lozano, descubrió el terrible ataque y separó rápidamente al can del niño. Sin embargo, la criatura estaba degollada y totalmente destrozada y había perdido, según confirmó el 061, casi toda la sangre de su cuerpo.

La madre, con fotos del niño.

La Guardia Civil y la Policía Local fueron alertados, mientras los médicos sólo podían certificar el fallecimiento del pequeño Francisco Miguel. El dueño del can, Alfredo Cordero, un conocido empresario, fue detenido e interrogado por la Guardia Civil de Santa Margalida. Fue entonces cuando se descubrió que el dogo argentino era el mismo perro que el 23 de septiembre entró en un colegio de Can Picafort y atacó a otros dos niños, uno de los cuales fue hospitalizado con heridas graves en un brazo.

'Copi' quedó recluido en cuarentena, en las instalaciones de la perrera municipal, y en marzo, dos meses después de la tragedia, murió de una sobredosis de barbitúricos que le habían mezclado la noche anterior con la última comida. Tenía que ser sacrificado a media mañana del día siguiente por una orden judicial. Joan Oliver, el veterinario de Santa Margalida que tenía que inyectarle una dosis letal, llegó a las diez a la perrera para cumplir con su cometido. Pero 'Copi' ya estaba muerto.

La madre del niño junto al cadáver del dogo argentino, en marzo de 1999.

El veterinario explicó que se le habían dado los fármacos porque estaba muy agresivo, para tranquilizarlo, y para que sufriera lo menos posible a la hora de sacrificarlo. La madre del pequeño Francisco Miguel entró en la jaula y quiso comprobar por ella misma que el dogo argentino estaba muerto.

La madre dijo que tendrían que haber matado al perro cuando atacó a dos niños en el colegio, en septiembre del año anterior «y si hubiera estado bajo tierra, como ahora está mi hijo, no habría pasado lo que pasó». Poco después llegó su esposo y el padre del niño fallecido. El hombre también quiso tocar el cadáver del perro.

'Copi' había protagonizado otros incidentes antes del ataque mortal.

El juicio contra Alfredo Cordero, el dueño de 'Copi', se celebró a finales de 1999. El fiscal Miguel Ángel Subirán pidió un año de cárcel. Marta Rossell, que representaba a la acusación particular en nombre de los padres, solicitó cuatro años de prisión. El defensor Juan Luis Matas, por su parte, pidió la absolución de su cliente.

Alfredo Cordero explicó que había prohibido a su hijo que sacara a pasear a los perros, después de que los animales se escaparan de su casa, entraran en el colegio de Can Picafort y atacaran a un niño. El acusado reconoció que, el día de los hechos, los perros se le escaparon a su hijo, que los había sacado a pasear sin que él lo supiera. Los canes estuvieron incontrolados durante más de tres horas, tiempo en el que se produjo el ataque mortal.

Alfredo Cordero se mostró muy afectado por lo ocurrido. Rompió varias veces a llorar, sobre todo cuando el fiscal le interrogaba. Lo mismo hizo cuando la madre del niño muerto declaraba y manifestaba su opinión sobre lo ocurrido. El acusado señaló que se planteó sacrificar al perro tras el incidente del colegio. Sin embargo, cuando fue a declarar al juzgado «la secretaria me dijo que no lo matara porque el seguro podría negarse a pagar».

El perro, según su dueño, pasó la cuarentena en su propio jardín. Una inspectora de Sanidad comprobó que el perro estaba sano. «Le pedí si debía sacrificarlo y me dijo que no». El acusado explicó que, para evitar una nueva fuga, puso rejas en su casa y un candado en la puerta.

Finalmente, Alfredo fue condenado a un año de cárcel. María Francisca estalló indignada: "Me han partido la vida por la mitad y no me parece justo que el culpable tenga que pasar tan poco tiempo en la cárcel cuando hay chicos a los que condenan a cinco años por robar 3.000 pesetas". El caso de 'Copi' fue un auténtico terremoto mediático a nivel nacional y obligó al Gobierno a reaccionar. De hecho, se aprobó la normativa de perros peligrosos que criminaliza algunas razas, entre ellas el dogo argentino.

En Can Picafort, 25 años después, todo el mundo recuerda aquel fatídico 29 de enero de 1999, cuando Francisco Miguel salió a jugar en su escondite favorito. Y se encontró con 'Copi'.