La investigación se inició como consecuencia de una denuncia en la que se acusaba a una mujer de haber inducido a una menor para que ejerciera la prostitución. En la denuncia constaba que la mujer ya lo había hecho con otras chicas, siendo la que captaba los clientes. El Grupo IV de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación llevando a cabo varias gestiones y tomando declaración testifical.
Los agentes averiguaron que la víctima era menor cuando se produjeron los hechos y que supuestamente la denunciada le conseguía clientes para que la adolescente fuese a casa de los mismos a realizar actos de carácter sexual por importe de 50 euros, de los que 20 se quedaba la mujer.
Ante la negativa de la menor a realizar este tipo de actos, la denunciada le amenazaba e increpaba constantemente. Ante las amenazas la joven abandonó el domicilio de la investigada refugiándose en el de una amiga y finalmente en el de un familiar, llegando la joven a tener que abandonar el barrio ante las amenazas constantes recibidas.
