El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha atendido hasta este jueves 11 de agosto 65 posibles casos de pinchazos para la sumisión química en Andalucía, 61 de ellos en mujeres y cuatro en hombres, concretamente uno en la provincia de Cádiz, otro en Granada y otro dos en Huelva y Sevilla, respectivamente.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y Consumo, que han precisado que en Cádiz es donde más casos se han atendido con un total de 30, seguida de Huelva con diez; Sevilla, con ocho; Málaga, con siete; Córdoba y Granada, con cuatro cada una, respectivamente; y Almería, con dos.
En todos los casos, se ha activado el procedimiento previsto, que pasa por la recogida de muestras en los centros sanitarios para trasladarlos a Toxicología y Medicina Legal, que son los encargados de investigar y estudiarlos.
Según detalló este pasado miércoles el portavoz del Gobierno andaluz para este asunto, José Antonio Lorente, en cuanto al procedimiento, el personal médico es el responsable de poner un primer tratamiento al paciente, ya sea por que presente una lesión o dolor especial, o cuadro de ansiedad.
De haber lesión compatible con un pinchazo, los sanitarios comunican el consiguiente parte al juzgado, y la supuesta víctima puede interponer en su caso denuncia por la presunta comisión de un delito de lesiones.
Sobre este asunto, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, señaló también este miércoles que Andalucía ya tiene «terminado» su protocolo conjunto, y precisó que les «falta la parte de coordinación» con la Federación de empresarios de ocio nocturno para «ponerlo totalmente en marcha».
Así lo indicó la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que se mostró «muy preocupada» por este asunto, e indicó que las personas que lo hagan «tienen que saber, primero, que es un delito porque es una agresión y, segundo, un problema de salud pública porque pueden estar transmitiendo una enfermedad de una persona a otra con esos pinchazos que están realizando».
En la elaboración de este nuevo protocolo han participado las consejerías de Justicia, Administración Local y Función Pública; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; y Salud y Consumo.
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