La Fiscalía de Madrid ha dado instrucciones para atajar la problemática que supone la difusión en las redes sociales de vídeos de agresiones u otros delitos en aras a incrementar la protección de las víctimas en el marco de las instrucciones judiciales.
Así consta en la Memoria Anual de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid correspondiente al año de 2021, cuyos datos se han dado a conocer este jueves en el marco del acto de apertura del año judicial en Madrid.
El Ministerio Público no es ajeno al incremento de la criminalidad a través del 'ciberespacio' e incide en la necesidad de proteger a las víctimas.
En concreto, expone que la fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares constata la especial dificultad que existe para reparar el daño de las víctimas de delitos cometidos a través del 'ciberespacio'.
«Esto se debe principalmente a que las expresiones subidas a la red, en escaso de tiempo son difundidas a miles de personas antes de que el perjudicado tenga conocimiento de ellas», recoge.
Para intentar atajar esta problemática, la Memoria recoge que se está interesando por los fiscales a las diferentes plataformas, en los primeros momentos de la instrucción, «la retirada del material y su conservación, para poder aportarlo como prueba».
Para ello, señala la Fiscalía, también está resultando «de gran utilidad la centralización de la gestión a través de un correo electrónico, medida acordada en ejecución del Protocolo suscrito por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, Secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones, el Centro de Estudios Jurídicos, las organizaciones de la sociedad civil y los prestadores de servicios de alojamiento de datos».
En un caso reciente de una agresión a una menor en un parque del distrito madrileño de Villaverde, la Fiscalía urgió a la víctima a aportar un vídeo en su poder que había sido grabado por el círculo de amistades de la agresora y difundida por las redes sociales.
Protección a víctimas de avanzada edad
Por otro lado, la Memoria recoge que la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid ha dado indicaciones para que las personas mayores víctimas del delito de edad avanzada declaren en forma preconstituida, incluso en las denominadas cámara Gesell.
La instrucción está encaminada a evitar tanto la victimización secundaria como la pérdida de información por olvido o por ausencia, precisamente por los largos periodos de tiempo que transcurren entre la fecha de la declaración en fase de instrucción y el juicio oral.
Para la Fiscalía merecen especial atención las personas mayores que viven solas, que carecen de familiares y que pueden ser objeto de algún tipo de maltrato, en su caso, por cuidadores u otras personas o en su caso de abuso económico por vendedores domiciliarios que buscan la venta de sus productos, que en muchos casos consiguen.
«En este caso la actuación de los servicios sociales es fundamental para la detección de la situación concreta y con su intervención y la remisión de la documentación correspondiente, proceder a la incoación de diligencias preprocesales y que, de manera urgente, puedan acordarse las medidas de apoyo correspondientes, incluso a través de medidas cautelares», señala.
También el Samur Social, los centros hospitalarios o centros residenciales comunican ese tipo de situaciones, así como las de otras personas mayores que se encuentran desamparadas o viviendo en la calle y precisan medidas de protección, incluso con carácter cautelar y, en su caso, presentar demanda de modificación de la capacidad.
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