La pandemia y las actuaciones policiales desplazan la prostitución a los domicilios particulares, según la Fiscalía

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se pronuncia sobre este asunto en la última memoria anual de este departamento --presentada esta semana en el Parlamento andaluz y consultada por Europa Press-- donde hace una radiografía de los delitos de trata de seres humanos en la comunidad andaluza. A este respecto, las distintas fiscalías provinciales coinciden en señalar que normalmente los acusados en esta materia son personas que explotan la prostitución de mujeres, en algunos casos de su misma nacionalidad, a las que obligan a prostituirse bajo amenazas, aprovechándose de su situación y quedándose con sus ganancias.

En estos casos, los dueños de los locales donde trabajan las mujeres son investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros o en la modalidad de contratación masiva de trabajadores sin permiso de trabajo o sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Reconoce la fiscal superior que «la repercusión de la pandemia resulta innegable en la situación de las víctimas, haciéndolas si cabe más vulnerables, ello unido a las diversas actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas policiales en los locales de alterne, ha determinado que la prostitución mayoritariamente se esté desplazando a domicilios particulares».

El Ministerio Fiscal afirma que en estas causas hay un «alto riesgo de incomparecencia» de la víctima y, en todo caso, su estado emocional «influye decisivamente en su declaración en sede judicial, no ratificando en muchas ocasiones lo que dijo ante la Policía, »pese a efectuarse un intenso esfuerzo por el fiscal y el juzgado« para concederles las mejores »condiciones posibles que generen un ambiente de confianza para que puedan sentirse con la libertad de declarar permitiendo medidas como el acompañamiento de personal especializado de ONGs".

Algunos fiscales provinciales abogan así por abordar estos procedimientos penales desde una perspectiva amplia «de que el peso de la prueba no puede descansar únicamente sobre el testimonio en sede judicial de la víctima, cuyas limitaciones emocionales y desinterés por la acción de la justicia, una vez que se ha producido su liberación de la situación de trata, es tan evidente como comprensible», reconocen.

La Fiscalía de Granada, concretamente, pone de manifiesto que las principales dificultades que se aprecian en la aplicación de los tipos penales de organización o grupo criminal es la coincidencia de requisitos con el de prostitución coactiva o abusiva, dado que este tipo requiere, precisamente, una estructura jerárquica y estable con vocación de permanencia en el tiempo, con uso de medios propios para la consecución del mantenimiento en la prostitución o la imposición de condiciones abusivas, por lo que ambos tipos de delitos vienen a coincidir en su estructura.