El teniente de alcalde delegado de Gestión, Infraestructuras y Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez (Cs), ha informado este lunes de que en la Junta de Gobierno Local se ha abordado la tramitación de unas diligencias previas informativas tras la investigación, que se ha puesto en conocimiento de la Policía y la asesoría jurídica, de unas 200 facturas de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios de la Delegación de Infraestructuras desde septiembre de este año en las que «en algunas todo indica que no se han prestado los servicios».
En una rueda de prensa, junto al delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), y el delegado de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), Álvarez ha explicado que «desde la Delegación Infraestructuras se ha desarrollado desde primeros de año una adaptación de procedimientos en base a obtener un incremento de la transparencia en la contratación y en la seguridad jurídica de los procedimientos de contratación».
De esta manera, ha aseverado que «se ha aplicado no sólo la instrucción de contratos menores que ya había aprobado la Junta de Gobierno, sino además desde la Dirección General se publicó una circular con unas instrucciones específicas para los contratos de entre 500 y 3.000 euros, en los que se exige la necesidad de tener que pedir tres presupuestos para cualquier contratación».
Asimismo, «se ha publicado la memoria del sistema de adquisición dinámica, que permita afrontar la adquisición por lotes mediante unos procedimientos restringidos, sobre todo en las unidades en las que la contratación es muy dinámica, como puede ser la unidad de mantenimiento de edificios», ha indicado.
Al respecto, ha avanzado que «por parte de la Subdirección General se ha realizado una revisión de la aplicación de esas instrucciones y se ha detectado que efectivamente había determinadas facturas que estaban pendientes de pago», precisando que «sobre estas facturas había serias dudas de que efectivamente la prestación del servicio se hubiera llevado a cabo en los términos que la misma se explicitaba».
«Una vez conocido esto, se han producido varias reuniones con los capataces, con el personal responsable dentro de la unidad de cada una de las actuaciones, y habiéndose detectado que había un desconocimiento real de la ejecución formal del contenido de esas facturas, se ha procedido a hacer un resumen y abrir una investigación interna sobre este aspecto», ha destacado el edil, para subrayar que «hay serias dudas de que efectivamente hay un paquete de facturas que en este momento no es asumido por ninguna persona el hecho de que se hayan prestado los trabajos que se han facturado».
"demasiadas facturas de menos de 500 euros"
Por lo tanto, ha anunciado que «esa circunstancia se ha puesto en conocimiento de la asesoría jurídica de forma inmediata y además de la asesoría jurídica municipal, también se ha puesto en conocimiento de la Policía, porque algunas de esas factura se corresponden a empresas de las que hay conocimiento de que están en cierto modo ahora mismo siendo investigadas o supervisadas por la Policía en otros procedimientos».
Ante ello, el delegado de Infraestructuras ha manifestado que «se va a continuar investigando de forma interna y analizando toda la facturación, sobre todo la facturación menor de 3.000 y 500 euros desde primeros de año para ver que efectivamente las prestaciones de los trabajos y los servicios que se han facturado se han realizado».
Además, ha remarcado que «con estas diligencias previas de la asesoría jurídica, se tendrán que identificar las actuaciones, posibles responsables en su caso y si hubiera irregularidades o posibles responsabilidades, harán la propuesta de los expedientes disciplinarios que pudieran llegar al caso».
Según ha expuesto, «han aparecido demasiadas facturas de menos de 500 euros», de modo que «pasa algo extraño», ha dicho Álvarez, quien ha comentado que «no tienen por qué ahora aumentar las facturas de menos de 500 euros», motivo por el que ha expresado que «uno lo primero que piensa es que aumentan las facturas de menos de 500 euros para evitar llegar a los 3.000 euros y así eludir las obligaciones impuestas».
"máxima transparencia y colaboración total"
Mientras, Torrico ha resaltado que «la información reservada que ha aprobado la Junta de Gobierno Local es consecuencia de dos cuestiones que siempre han sido la máxima del gobierno municipal y del alcalde, que es quien ha llevado con su firma esta propuesta a la Junta de Gobierno Local desde que ha habido conocimiento de estos hechos», como son «máxima transparencia y colaboración total con la investigación».
Así, ha indicado que «esta detección de supuestas irregularidades viene dada por las medidas de control que desde la Delegación de Infraestructuras se han puesto en marcha disminuyendo la cuantía mínima que tendrían que tener los contratos menores, de 3.000 a 500 euros para que no fuera necesaria la petición de tres ofertas».
De este modo, ha enfatizado que «ante esa medida de reducir mucho más de lo que exige la ley, de 3.000 a 500 euros, el importe máximo para que no hubiera lugar a procedimiento, se han detectado estas supuestas irregularidades» sobre las que «se siguen los pasos que corresponden legalmente», como es «iniciar la información reservada y dar traslado a los investigadores policiales, en su caso, cuando requieran la documentación».
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