La familia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que ha denunciado la muerte de su hijo en el hospital San Juan de Dios de dicha comarca, días después de ser reducido de manera «brutal» por dos agentes de la Guardia Civil que habían sido reclamados para atender un supuesto caso de violencia doméstica; ha entregado al juzgado instructor del caso los vídeos de los hechos grabados por el padre del finado y ha solicitado que declaren como investigados los mencionados efectivos del Instituto Armado, a quienes atribuye un presunto delito de homicidio por imprudencia.
El padre del fallecido, Ángel Bejarano, y el abogado que representa a la familia, Luis Romero, han protagonizado este martes una rueda de prensa, después de personarse ante el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla como acusación contra los dos agentes que practicaron la reducción del varón de 37 años al acudir al domicilio familiar, precisamente a instancias de los padres del muerto.
Ángel Bejarano ha explicado que aquella jornada del 12 de septiembre, su hijo Carlos «estaba muy excitado» y presentaba «un ataque de locura» quizá porque habría «bebido o tomado alguna droga». «Estaba fuera de sí», ha aseverado, narrando que su hijo le había golpeado, tras lo cual él y su esposa le habrían «echado fuera de casa», llamando después a la Guardia Civil ante la situación suscitada.
A la llegada de la Guardia Civil, según su relato, su hijo ya no estaba en las inmediaciones de la vivienda pero, tras recibir a los agentes y dar cuenta de la situación, según sus palabras, este varón de 37 años habría hecho de nuevo acto de presencia comenzando a «vociferar» fuera de la casa y arrojando «un martillo» que no alcanzó a nadie.
A partir de ese momento, según ha relatado, los agentes acometieron la reducción del citado varón en un contexto en el que el mismo estaba «muy excitado». Los guardias civiles, según ha dicho, actuaron «brutalmente» sobre su hijo, extremo ante el cual él comenzó a grabar la situación con su teléfono móvil porque le parecía que los agentes no estaban actuando de manera «normal», sino con «brutalidad».
"deben pagar lo que han hecho a mi hijo"
«Jamás», según ha asegurado, habría sospechado que la situación acabaría con el fallecimiento de su hijo Carlos. «Deben pagar lo que le han hecho a mi hijo», ha aseverado.
El abogado Luis Romero ha agregado que los vídeos grabados por el padre del fallecido muestran cómo los agentes, a la hora de reducir al citado varón, le propinan «numerosos golpes contundentes con porras metálicas» y ejercen una «fuerza e insistencia innecesaria», dado que llega un momento en el que el hombre estaba ya prácticamente «neutralizado».
Especialmente, ha señalado que las imágenes reflejan que los dos agentes «se echan encima de él» con todo el peso de sus cuerpos y uno de ellos le «presiona el cuello», aplicando incluso la técnica de estrangulamiento del «mataleón» hasta dejar al varón con síntomas según los cuales se estaría «asfixiando».
«Independientemente de que hubiese consumido alguna sustancia», según ha dicho el abogado, remitiéndose a los informes toxicológicos, la actuación de los agentes fue «desproporcionada» y marcada por la «brutalidad», detallando que el varón ingresó «en coma» en el hospital San Juan de Dios del Aljarafe, siendo mantenido vivo mediante «ventilación asistida» hasta el 19 de septiembre, una semana después, cuando le fue «desconectada» la ventilación mecánica.
La autopsia sólo es "preliminar"
Ante las informaciones que apuntan a que la autopsia del cadáver señalaría a las drogas y la sobreexcitación como causas de la muerte, el abogado ha asegurado que dicho informe «no es definitivo», sino sólo «preliminar» fruto de una inspección «a simple vista», que atribuye el deceso a una «encefalopatía hipóxica» previa a una parada cardiorrespiratoria.
En espera del documento definitivo de la autopsia, y merced a una providencia del juzgado instructor del caso, el abogado ha explicado que ha remitido al mismo «dos copias de los vídeos» grabados por el padre del fallecido, anunciando la presentación de un escrito en demanda de que los dos agentes que practicaron la detención del fallecido declaren como investigados y que testifiquen el resto de efectivos que actuaron y los facultativos sanitarios y médicos que atendieron en cualquier momento al finado.
Además, y según el letrado, será solicitada una «reconstrucción de los hechos», siempre a la búsqueda de «que se haga justicia», lamentando además la «desidia» en la que a su juicio incurre la Justicia, por una supuesta demora a la hora de remitir el expediente de «170 folios» del asunto y citar a los padres el 6 de febrero de 2023 para el ofrecimiento de acciones legales.
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