En rueda de prensa, el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha manifestado que el Gobierno andaluz lleva «dos años adjudicando a dedo, sin control, por un procedimiento de emergencia Covid, lo que es un desvío masivo en fraude de ley de fondos públicos a la sanidad privada, que estamos investigando al máximo y pediremos explicaciones en el Parlamento y responsabilidades».
Márquez ha asegurado que el Gobierno de Moreno ha creado «un procedimiento en fraude de ley, sin publicidad, sin transparencia ni control, para desviar fondos públicos a la sanidad privada con la excusa del Covid».
Asimismo, ha indicado que tras analizar la información y realizar comprobaciones en el Portal de Licitación de la Junta, «hemos podido corroborar que estamos ante la punta del iceberg de un enorme procedimiento en fraude de ley ideado para regar con millones públicos a la sanidad privada mediante contratos de adjudicación directa, es decir contratos a dedo».
Los hechos, a juicio del coordinador del Grupo Socialista, son «graves e incontestables». Ha explicado que el Gobierno andaluz realizó en enero de 2021 una adjudicación directa de emergencia para asistencia complementaria con motivo del Covid por 70 millones de euros que «amplió y prorrogó sin cobertura legal alguna hasta finales de 2022 por un importe de 226,7 millones».
En este caso, Márquez ha subrayado que no se puede olvidar que las adjudicaciones directas por emergencia debidas a la pandemia fueron derogadas el 9 de mayo de 2021, ya que se derogó el artículo que le daba cobertura, como además recordó la Consejería de Hacienda en una instrucción interna en junio de 2021, que dijo que ese artículo estaba derogado y que no cabía la utilización de la vía de emergencia para seguir contratando con esta excusa.
Sin embargo, según ha agregado, el Gobierno de Moreno, «obviando la instrucción de la dirección general de Contratación de la Junta, continuó contratando a dedo y sin control con este sistema al margen de la ley un año y medio más, hasta finales de 2022».
Ante estos hechos, el PSOE andaluz mantiene que el Gobierno de Moreno Bonilla tiene la obligación «de dar explicaciones» y de responder a «por qué se han llevado a cabo adjudicaciones a dedo masivas a empresas de sanidad privada sin soporte legal, sin concurrencia competitiva, sin control y sin publicidad durante más de dos años» y, por otra parte, a «por qué ha modificado un contrato original de 70 millones hasta casi 227 millones sin las modificaciones contractuales legales y sin los requisitos que marca la Ley de Contratos».
Además, según Márquez, el Gobierno andaluz tiene que aclarar "por qué dos años y dos meses después de esa primera resolución de emergencia, de enero de 2021, aún seguimos tirando de contratos a dedo y no de un procedimiento que garantice la concurrencia, igualdad y control de las adjudicaciones.
Márquez se ha preguntado si «no han tenido tiempo de sacar una licitación en ese tiempo, si tanta falta hacía, o es que era más cómodo tender un sistema de adjudicación directa en la que los controles era más laxos».
Para el coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista, estas contrataciones a dedo se han convertido en «modus operandi» de la Junta no sólo en materia de sanidad. En su opinión, lo que esas contrataciones «a dedo ponen de manifiesto es que se está desmantelando la sanidad pública, dando cientos de millones a la sanidad privada, mientras se despedía a 8.000 sanitarios de la sanidad pública».
Así, Márquez ha insistido en exigir explicaciones a Moreno y que «informe urgentemente de este monumental desvío de fondos públicos y que asuma responsabilidades al más alto nivel».
«Esto no hay por dónde cogerlo; si yo fuera el presidente de la Junta no estaría tranquilo con esta situación», ha destacado el coordinador de la socialista, quien ha insistido en pedir al Gobierno andaluz que de manera urgente remita todas las adjudicaciones, informes que las sustentan, contrataciones, adendas, ampliaciones y empresas relacionadas para analizar quiénes han sido los beneficiarios de estos contratos; por qué son unas empresas y no otras, y cómo se ha controlado la prestación de esos servicios y al precio que se han cobrado los mismos.
Por último, Rafael Márquez ha asegurado que «no hay ningún tipo de informe jurídico que avale lo que está ocurriendo» y ha recalcado que si de los análisis que realice el PSOE-A se constata «lo que hoy en día presumimos, vamos a ir al fondo de esta situación tanto política como judicialmente».
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