El texto, que ha contado con la oposición de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para los próximos días.
Según han detallado desde el Gobierno madrileño, el nuevo marco legal establece tres categorías distintas en función de las infracciones cometidas, cuyo importe oscilará entre 801 y 6.000 euros en las consideradas como muy graves, incluyendo aquí la novedad de aquellos conductores que no hayan superado el examen necesario para ejercer su profesión.
En las sanciones graves (de 301 a 800 euros), se han añadido los casos en los que una empresa no tenga la disposición de los vehículos con los que da servicio a los usuarios; que no se haya comunicado el trayecto o la búsqueda por vía electrónica, o que los clientes no hayan contratado ni solicitado previamente la recogida.
Por último, en el rango de las leves (entre 100 y 300 euros de multa) se han introducido dos nuevas tipologías, que las empresas en las que se realiza la contratación no dispongan de los medios que se establezcan con el objeto de preservar los derechos de los usuarios; y que no se abone la cuantía de la penalización a los perjudicados cuando los operadores cancelen unilateralmente el viaje.
La izquierda la tacha de "chapuza"
En el debate parlamentario, el diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha indicado que se ha pasado de un «atropello general a la chapuza» y ha criticado que, con las medidas que se quieren incluir en el futuro reglamento, se continuará en el «reino de la impunidad» por mucho que se apruebe un régimen sancionador.
El diputado del PSOE Gonzalo Pastor ha sostenido que este es el último paso que dan PP y Vox en esta «chapuza legislativa», un «camino tortuoso en el que nada ha sido casual». Lo llevan a cabo «sin consenso, sin diálogo y retorciendo el reglamento hasta el final». «No vale para nada», ha sostenido, al tiempo que ha criticado que no haya personal que supervise el régimen sancionador que se impulsa.
El parlamentario de Más Madrid Alberto Oliver ha sostenido que con esta ley está fracasando «como legisladores» porque han creado «un problema donde antes no lo había», porque pudiendo haber arreglado la situación «con anterioridad» han mirado «hacia otro lado» y porque con esta normativa se aprueba «una chapuza» que va a hacer crecer «una bola de nieve que no ha parado de crecer».
Por su parte, el parlamentario de Vox Javier Pérez ha recordado que no se debate en esta ocasión el modelo del taxi frente a las VTC sino únicamente sobre el régimen sancionador, que servirá para dar «garantía jurídica». Además, ha destacado la «fidelidad» y la «capacidad de llegar a acuerdos» de su formación.
El diputado del PP Carlos Segura ha señalado que esta es una iniciativa «prioritaria y necesaria para el marco jurídico de las VTC» y también para que haya «una competencia en igualdad de condiciones con el taxi».
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