La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha defendido este miércoles durante su comparecencia en el Parlamento la pérdida de 90.000 alumnos en las aulas de los colegios andaluces desde 2019, que se ha traducido en que «nos han sobrado 22.000 plazas en tres años» para argumentar que «se reordenan aulas, no se cierran».
Este planteamiento de Del Pozo ha recibido la réplica unánime de la oposición acerca de la supresión de 2.000 aulas públicas desde 2019.
«No vamos a negar que hay etapas en que las unidades decrecen», ha señalado Del Pozo, dato que ha atribuido a «la bajada tan brutal de la natalidad», antes de sostener que «las unidades no las metemos en un cajón» y, por el contrario, «las abrimos donde hace falta», así como que se utilizan «para desdoblar donde hace falta, donde hay más necesidades».
Ha precisado que «el próximo curso vamos a perder 21.000 alumnos en Infantil y Primaria», con el añadido de que «en Educación Secundaria 6.500 alumnos vamos a perder».
La consejera de Desarrollo Educativo ha sostenido sobre la ratio en las aulas que «ni se puede hacer de un día para otro ni es la única medida que mejora los resultados educativos» tras esgrimir que «hablar de la ratio es dejar claro el marco normativo que lo regula», para señalar que las referencias las marca la ley estatal, en este caso, la Lomloe, de manera que en Infantil es de 25 alumnos por aula, de 30 en Primaria y Secundaria y de 35 en Bachillerato, con el añadido de que se permite un 10% más para afrontar matriculaciones de necesidad.
«Claro que es bueno bajar la ratio», ha afirmado Del Pozo, quien ha argumentado de igual forma que «la bajada generalizada sin tener en cuenta otros factores no garantiza la mejora de los resultados académicos» para sostener que «todos los gobiernos, por muy costosa que sea, la aplicarían sin dudarlo».
Antes de explicar las medidas adoptadas por los gobiernos que ha presidido y preside Juanma Moreno ha apelado a la herencia recibida como una ratio media de 20,4 alumnos por aula, con una tasa de abandono escolar de un 21%, la existencia de unos 100.000 docentes, para esgrimir seguidamente una inversión de 2.200 millones de euros más, contar con 7.500 docentes para superar entonces los 108.000, hitos a los que ha sumado las 46.520 nuevas plazas de Formación Profesional, los 500 millones de euros en Educación Especial, que la ratio en Infantil sea de 19 alumnos y de 20 en Primaria, o que el abandono escolar es de casi 7 puntos menos.
Del Pozo ha defendido que el proceso de escolarización lo ha hecho más eficiente su gobierno, que ha concretado en la cifra que de las 61.650 solicitudes recibidas, el 96,69% han encontrado plaza en el centro prioritario, mientras que ha defendido la existencia de 55.100 unidades, «muchas más que con en el último gobierno socialista, pese a la cantidad de alumnos que hemos perdido», a lo que ha sumado la oferta de 1,4 millones de plazas, 2.025 más que el curso que acaba de terminar, el 18,4% de las cuales son para la educación concertada.
Los grupos
La parlamentaria socialista Susana Rivas Pineda ha sostenido que «se confirma que continúa maltratando» la educación pública tras poner de manifiesto la pérdida de «300 aulas para el próximo curso» y concluir que «van aumentando» para llegar a un total de «alrededor de 2.000 unidades borradas de un plumazo», afirmaciones a la que ha añadido «la proliferación de aulas mixtas» y que con ello «el gobierno de Moreno Bonilla ha ido generalizando las ratios indebidas en Infantil, Primaria y Secundaria».
Rivas ha defendido como «pautas para mejorar la educación» el aumento de la inversión, donde ha esgrimido «los casi 13.400 millones» invertidos por el Gobierno; aumentar las becas, para complementar los 2.500 millones destinados por el Gobierno; completar los 420 millones del Gobierno para Educación Especial; complementar el impulso de la Formación Profesional con la inversión de 6.500 millones y complementar los 1.300 destinados por el Gobierno a la digitalización.
«El cierre de centros afecta al aprendizaje de niños, especialmente, a los más vulnerables», ha remachado su intervención.
La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha reprochado a la consejera su anuncio de «seguir por el mismo camino» por considerar que «me parece atrevido» y por apreciar «una falta de sensibilidad que no esperaba escuchar aquí», mientras que ha defendido que «el recorte de unidades públicas es una realidad desde que gobierna el PP», para señalar entonces que serán el próximo curso «300 líneas, 150 aulas en Sevilla que se prevén suprimir, y si las sumamos todas son 2000 aulas».
«Es un plan perfectamento orquestado», ha afirmado, antes de reprocharle «la creación de aulas mixtas», que ha calificado de «preocupante» por el hecho, como puede suceder en la provincia de Cádiz, de que «convivan alumnado de distintas edades, de 3 y 8 años», antes de apuntar la autorización remitidas a las delegaciones provinciales de la Consejería para no desdoblar las aulas hasta que se llegue a los 29 alumnos por aula en Primaria y los 34 en Secundaria.
El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha arrancado su intervención apuntando que «para el curso que viene van a cerrar 300 clases en la pública» y que «desde que gobierna el PP se habrán cerrado casi 2.000 clases», para precisar que «son datos de los sindicatos CCOO y Ustea».
García, quien se ha preguntado que «por qué la bajada de la natalidad tiene que afectar sólo al sistema público», ha considerado que los problemas de cierre de unidades públicas lo ha atribuido a «la profecía autocumplida» para explicar entonces que «el 1 de marzo dicen que ofertamos 25 plazas y el 1 de abril dicen que solo hay 24 solicitudes», mientras que ha hablado de «otros mecanismos» que utiliza la Consejería como «el arreglo de los colegios» y que eso propicia que se desequilibre la demanda entre un centro y otro, junto con «la estabilidad de la educación concertada» por contratos de seis años.
El portavoz de Adelante ha apuntado que la Junta de Andalucía hace «dos trampas» para afirmar que no hay ningún centro por encima de la ratio y que para eso utilizan el baremo de 33 alumnos por aula, por elevar en un 10% por necesidades de escolarización urgente la cifra de referencia de 30 alumnos, antes de plantear a Del Pozo que «no quiere bajar la ratio porque no le interesa: la concertada empezaría a perder negocio».
La portavoz adjunta de Vox, Blanca Armario, ha afirmado que «es cierto que heredaron un sistema que sigue con las mismas carencias que hace una década», antes de reclamar que «la bajada de alumnos es imprescindible» y lamentarse de que «ésta es la educación que menos niños tiene y cierra más unidades sin parar» y reclamar seguidamente que «por eso le faltan políticas para fomentar la natalidad».
El parlamentario del PP-A Jorge Saavedra ha recriminado a los grupos de la oposición su «tono negacionista, que no se han tomado medidas», así como que «buscan la confrontación entre la concertada y la pública porque no creen en la libertad de las familias», convencido de que «lo quieren dirigir todo».
Saavedra ha defendido que el Gobierno andaluz ha invertido 2.200 millones más, que la educación andaluza cuenta con 7.000 docentes más, y que la ratio ha bajado de 20,4 alumnos a 19,4 en infantil y de 21,4 alumnos a 20,3 en Primaria y señalar que «son datos objetivos».
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