El juez de Instrucción número 30 de Madrid tomará este jueves declaración como testigo a la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, en el marco de la investigación abierta a raíz de una denuncia por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid contra una empresa por la venta de un lote de mascarillas defectuosas en el inicio de la pandemia.
La estafa de unos 1,2 millones de euros fue denunciada por la Policía Municipal de Madrid en julio de 2021 tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos.
La causa se dirige contra la empresa Sinclair and Wilde y su reapertura se produjo como consecuencia de un informe ampliatorio que con fecha 12 de abril de 2022 se dirigió al juzgado y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra.
La jueza también ha citado para el próximo 20 de julio al director general de Emergencias del Consistorio madrileño, Enrique López, quien figura como denunciante en la documentación que obra en autos y manifestó que las mascarillas habían sido analizadas por personal responsable.
Ese día también se ha citado al intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal, Jesús María García, que firmó el atestado previo a la denuncia por parte del Ayuntamiento, así como al agente de este cuerpo autor del mismo.
En abril de 2022, la Policía Judicial informó al juez de la identificación de un posible autor de la presunta estafa en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño.
Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid.
Informe policial
El procedimiento tiene su origen en el sumario de la causa contra Luis Medina y Alberto Luceño, ya procesados y pendientes de ir a juicio, incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa.
Dicho informe alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos».
Al parecer, el juez abrió unas diligencias pero el 19 de julio de 2022 procedió a su archivo ante la falta de autor conocido ante el paradero desconocido del dueño de la citada consultora.
El consejo de administración de la funeraria municipal, a través de la que se canalizaba las compras en la primera ola de pandemia, aprobó el 24 de marzo de 2020 dicha compra de medio millón de mascarillas FFP2.
La entonces delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, detalló que tras varias incidencias, las mascarillas llegaron «algunas semanas más tarde» y, una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas.
Así, la Policía Municipal inició una investigación a petición del director del PEMAN para comprobar tales hechos y el 5 de marzo de 2021 presentó ante Juzgados de Madrid el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial del cuerpo.
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