La sala del 092 recibió una llamada este miércoles por parte de una mujer que afirmó que se había refugiado en un establecimiento porque su familia le agredía y le amenazaba.
Una patrulla se personó en el local y se entrevistó con la mujer, que trasladó a los agentes los malos tratos que estaba sufriendo en los últimos meses. Al parecer, su familia había llegado incluso a quitarle el teléfono móvil y le impedía salir de casa tras manifestar su rechazo a contraer matrimonio con una persona a la que ni siquiera conocía. La mujer mantiene una relación estable en la actualidad con otra persona.
También manifestó que no quería volver a casa de su familia y mostró un billete de autobús para ese mismo día. Solicitó a las patrullas que intervinieron que le acompañasen ante el temor a que su familia le estuviera buscando e impidiera el viaje.
La patrulla se coordinó con responsables de la estación de autobuses para que pudiera coger otro autobús ante la sospecha de que la familia se encontrase en las inmediaciones.
De hecho, una agente del grupo GAMA fue la que le acompañó en todo momento y, aunque advirtieron la presencia de familiares en la estación, lograron que la mujer saliera sin que se advirtiera su presencia. Ahora se encuentra segura en otra ciudad, donde presentará denuncia por los hechos.
La Policía Local de València se ha coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del lugar donde la mujer se ha desplazado por su seguridad. También ha instruido las diligencias de prevención en las que identificó a los familiares.
El concejal de Movilidad de València, Jesús Carbonell, ha felicitado a todos los policías que han participado en esta intervención, que ha logrado proteger a la mujer, y ha instado a denunciar estas prácticas que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de toda persona. «Tenemos que estar especialmente vigilantes ante estas situaciones. Los matrimonios forzados están expresamente prohibidos en el Código Penal con pena de prisión», ha manifestado Carbonell.
Concretamente, el primer punto del artículo 172 del Código Penal indica que 'el que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados'.
En el mismo artículo se establece que se impondrá la misma pena a quien 'con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo'.
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