El visionado de las grabaciones en el juicio contra los seis agentes de la Policía Nacional que accedieron con una ariete en un piso de la calle Lagasca en 2021 ha llevado al inquilino, a través de su abogado, a retirar la acusación a cuatro de los seis policías por cumplir «órdenes erróneas» para acceder a la fuerza al inmueble para disolver una fiesta ilegal en pandemia.
El juicio ha dado un giro por completo con este anuncio que se ha hecho público en las conclusiones finales, que serán informadas mañana por las partes a los nueve miembros del jurado popular. Además, la fiscal Inmaculada Sánchez ha retirado el delito de allanamiento de morada del que les acusaba, del que no les exigía responsabilidad penal.
Tras las modificaciones en los trámites de conclusiones, el presidente de la sección ha ordenado a estos policías que se levantasen del banquillo de los acusados al no tener ninguna acusación en su contra. Los policías han abandonado la Sala emocionados tras su absolución 'in situ' sin necesitad de dictar sentencia.
La modificación penal llevada a cabo por el abogado Juan Gonzalo Ospina, que defiende al inquilino, se produce tras el visionado este jueves de los vídeos de la intervención que muestran que estos agentes cumplían a su juicio órdenes erróneas del jefe de operativo.
«Hay que retirar la acusación al concurrir un error de convicción invencible porque actuaron conforme al error producido por los mandos del operativo», ha detallado como avance al informe de mañana.
En cambio, mantiene la acusación sobre el subinspector y otro subordinado al ser los responsables de la intervención, los que grabaron con cámaras personales y los más proactivos en la actuación desarrollada en la madrugada del 21 de marzo de 2021. Para ellos, solicita dos años y medio de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta.
No obstante, de forma subsidiaria pedirá que se les condene, si hubiera dudas sobre el dolo, a un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación al considerar que actuaron bajo un error de prohibición vencible, ya que podrían haber llamado a un superior para saber si su decisión era errónea.
Asimismo, el letrado ha solicitado la nulidad de los vídeos, rechazada por el presidente, y que se deduzca testimonio contra los policías que grabaron las intervenciones por un delito de revelación de secretos.
En el trámite de conclusiones, la fiscal ha retirado el delito y ha solicitado la absolución de los policías al estimar que los hechos no son constitutivos de delito.
La fiscal imputaba inicialmente a los agentes un delito de allanamiento de morada, aunque les eximía de responsabilidad penal alguna, ya que entendía que la actuación del jefe del operativo fue imprudente, un extremo no recogido por el Código Penal.
Vídeos grabados por los agentes
En la sesión, se han proyectado los vídeos grabados por los agentes que muestran cómo durante media hora, en la que trataron de forzar la cerradura, avisaron de que iban a tirar a la fuerza la puerta ante la vulneración de varios infracciones de la ley de seguridad ciudadana, al estar incumpliendo la normativa Covid y ante la existencia de un delito flagrante.
Los jóvenes se enfrentaron verbalmente y de malos modos a los agentes y una de ellas incluso, ya esposada y reducida tras forcejear con un policía, espetó: «¡no saben dónde coño se han metido éstos!», «no saben ni en lo que se amparan, ¡me sé la puta ley!». «Ustedes se están extralimitando en sus funciones», les insistió varias veces. La joven acabó llorando en una esquina al estar opositando a abogada del Estado y no poder tener antecedentes para ello. El subinspector intentó consolar y calmar a la chica.
La intervención policial, objeto del juicio y que tuvo su origen en una queja de los vecinos, se saldó con ocho detenidos de los catorce presentes en la fiesta por resistencia a la autoridad. La detenida que estudiaba Derecho solicitó un 'habeas corpus' para comparecer de forma inmediata ante el juez por una presunta detención ilegal.
"por una tontería, la están liando"
Los vídeos fueron grabados por los agentes con cámaras personales que iban incrustadas en sus chalecos. El abogado Juan Gonzalo Ospina ha denunciado que estas cámaras están prohibidas, por lo que ha planteado su invalidez y ha solicitado que se impute a los agentes un delito de revelación de secretos.
Las imágenes muestran que los policías advirtieron en una decena de ocasiones de que iban a tirar la puerta si no se identificaban al estar cometiendo una desobediencia grave, citando los artículos de la ley que estaban incumpliendo. Una de las chicas, que estaba opositando entonces para abogada del Estado, se enfrentó a los policías y les exigió que fueran al juzgado a por una orden de alejamiento.
"sabemos que están dentro, no queremos usar la fuerza"
«Policía abran la puerta», arranca el primer vídeo proyectado que muestra el ruido que estaban generando los asistentes, con voz alta y música. Los agentes comentaron entonces entre ellos que la puerta contaba con un sistema de apertura propia de pisos turísticos.
«Sabemos que están dentro, no queremos usar la fuerza. Por favor, no queremos usar la fuerza, abran la puerta. Tienen que salir e identificarse. O abren la puerta o optaremos por abrir. Sabemos que están dentro. Es un tema serio. Están incumpliendo normas de la pandemia», comentó el subinspector al mando.
«Señores están subiendo el ariete. Les vamos a detener. Es una tontería la que están liando. Si no abren es un delito de desobediencia grave a la autoridad. Estamos ante un piso turístico, no es un domicilio. Es muy sencillo. Abran la puerta y se identifican», reiteran y mencionan los artículos que vulneraban de la ley de seguridad ciudadana.
Ante la negativa a abrir, advirtieron de que iban a usar un ariete y les solicitaron que se retirasen de la puerta. «Aléjense de la puerta, no vaya a ser que les golpeé». Una vez dentro, les espetaron: «Mascarillas, mascarillas. Están ustedes detenidos», tras lo que se les informa de sus derechos. «Están detenidos todos, chavales. Ya está», aseveran.
Tras ello, algunos asistentes se enfrentaron verbalmente y les reprocharon que están incumpliendo la ley y que se están extralimitando de sus funciones. «No saben dónde coño se han metido éstos», les espeto una joven, que tuvo que ser esposada.
Además, esta joven insultó a varias asistentes al grito de «zorras que os jodan» después de que éstas manifestaran a los policías que querían abrir la puerta. «Es de mala amigas», les recriminó. El subinspector ofreció a la chica quitarle los grilletes si se calmaba pero ésta se niega al querer pedir un 'habeas corpus' al juez.
También se ha realizado la audición de una conversación entre un Jefe de la Policía Municipal de Madrid y el subinspector en la que el primero le felicita por la intervención. «Pedazo de actuación. Me ha encantado. Hay que ser muy valiente», le comentó.
Difusión de vídeos
Al inicio de la sesión, la fiscal ha solicitado al magistrado que se requisara a una persona presente en el público los dispositivos electrónicos después de anunciar en sus redes sociales la difusión de los vídeos, lo que podría incurrir en un ilícito penal.
El abogado Juan Gonzalo Ospina ha mostrado su oposición al existir jurisprudencia en contra por un caso en Mallorca y que establece que el magistrado presidente podría incurrir en un delito de prevaricación.
El magistrado Francisco Javier Teijeiro Dacal ha rechazado la petición de la fiscal pero ha advertido al público y a los periodistas que difundir imágenes podría suponer un delito y ordenar que las sesiones sean a puerta cerrada.
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