El sistema universitario público de Andalucía ha lanzado una doble advertencia: por un lado, el presupuesto de la Junta para 2024 es «insuficiente» para «afrontar» los costes y gastos que las universidades tienen a partir del próximo año; y en segundo término, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde el pasado 12 de abril de este año, obliga a un «gasto extraordinario y especialmente elevado» ya que los cambios que hay que acometer en materia de plantilla implican la contratación en Andalucía de más de un millar de profesores ayudante doctor, con un coste que podría superar los 45 millones de euros.
Éstos han sido dos de los avisos planteados por el rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, en la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía en la que los agentes sociales y económicos han expuesto su análisi sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2024.
En relación con el presupuesto que destina la Junta a las universidades públicas andaluzas para 2024 es «claramente insuficiente para asumir las obligaciones y compromisos que tenemos en estos momentos», apuntaba en su intervención, consultada por Europa Press.
Así, la envolvente para 2024 asciende a 1.685.578 euros, un 4,01% más que en el actual ejercicio presupuestario. Pero esa cantidad, llamaba la atención Oliva, «está incluso por debajo de la requerida para la aplicación de la cláusula de salvaguarda en 2024, incluyendo la partida para nivelación del 1%».
«Es decir --continuaba el presidente de AUPA--, sería necesario aumentar al menos en 5.461.369 euros la envolvente inicialmente prevista con el fin de evitar la necesidad de tener que realizar modificaciones presupuestarias una vez iniciado el ejercicio económico, como ha sucedido en 2023, para dar respuesta a las obligaciones ya constatadas y conocidas a priori».
Entre esas obligaciones «constatadas y conocidas», el catedrático de Derecho se refería a la subida salarial del 3% para cumplir con lo aprobado por Función Pública (2% del Gobierno de España), la subida del PIB nominal de 2023 (0,5%) y otra subida del 0,5% si la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo fijo acumulado de esos años, que «todo apunta a que finalmente se confirmará».
Igualmente, los costes de la Seguridad Social, que «han subido de una forma muy importante», «aumentarán a partir del 1 de enero de 2024». «Hay que tener en cuenta que en las universidades, el Personal Docente e Investigador que pertenece al grupo de clasificación A1 representa el mayor porcentaje de costes de personas, y muchos de ellos se encuentran topados en cuanto a la base de cotización máxima, por lo que dicha actualización de las bases máximas de cotización supondrá un coste considerable», argumentaba AUPA en la comisión parlamentaria.
A estas subidas, Francisco Oliva añadía los complementos autonómicos, los de antigüedad, los quinquenios y sexenios --en aumento por el crecimiento vegetativo de la universidad pública andaluza-- y «cuestiones pendientes de resolver» como el pago de trienios a los investigadores, el abono de las cuotas de la Seguridad Social a los Margarita Salas y María Zambrano, el premio de funcionarización y las cuotas de la Seguridad Social a los estudiantes universitarios en prácticas.
A los gastos del Capítulo I (personal), el rector de la UPO sumaba los de bienes y servicios (Capítulo II), apartado éste en el que las universidades públicas andaluzas han hecho «enormes esfuerzos para disminuir los consumos a través de planes específicos aprobados y ejecutados durante el curso pasado».
Sobre este particular, Francisco Oliva recordaba que en el presupuesto «no se ha tenido en cuenta ni negociado en ningún momento» la inclusión del coeficiente de actualización recogido en el modelo de financiación. Un coeficiente «orientado a equilibrar con carácter global el incremento de la masa salarial y del coste vinculado a los gastos corrientes en bienes y servicios».
Por ello, los rectores «exigimos que se incluya en el presupuesto de 2024 para de esa forma dar pleno cumplimiento al modelo de financiación». Ítem más: «las universidades tendremos que asumir este mismo año los costes que implica la aplicación de la nueva LOSU», que obliga a «una serie de cambios en la plantilla que implicarán la contratación de más de 1.000 plazas de profesores ayudante doctor», con un coste aproximado de 45 millones de euros.
Esta aplicación se está negociando el pago con el Ministerio de Universidad, ahora en manos de Diana Morant, pero «la incertidumbre aún es muy grande e, incluso, en el caso de que finalmente se materialice la aportación, es muy posible que ésta no cubra el 100% de los costes previstos».
Ante este panorama, los rectores andaluces solicitan que «se incremente la cota global del sistema público así como que se haga un estudio específico de las necesidades de las universidades que permita fijar un límite de gasto de personal acorde con la realidad y las circunstancias concretas de cada institución».
El presupuesto para 2024, insisten, es «insuficiente» y «pone en peligro la propia eficacia y funcionalidad del nuevo modelo de financiación en el que tantas esperanzas hay depositadas».
Por todo ello, los rectores andaluces han reclamado en la comisión parlamentaria que «se revise con urgencia tanto la envolvente financiera como la cota inicialmente prevista en el proyecto de presupuestos 2024».
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