El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha situado este viernes la creación de un comisionado sobre Doñana como un gesto para «cumplir uno de los compromisos» del acuerdo de medidas socieconómicas para el entorno del Parque Nacional que alcanzó con la Administración del Estado en noviembre de 2023.
Fernández-Pacheco ha abogado por la creación de esta figura que ayudará a la Junta de Andalucía a garantizarse que «todas esas medidas no sean decisiones que se adoptan en despachos lejos del territorio, sino que nazcan del territorio, escuchando al territorio», según ha asegurado.
El consejero y portavoz se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, donde ha participado junto al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la firma del Manifiesto para el Desarrollo de la Sostenibilidad en el Ecosistema de la Náutica y los Cruceros con Suncruises y en una reunión con los presidentes de las Autoridades Portuarias de Interés General de Andalucía.
La creación de ese comisionado de supervisión del acuerdo sobre Doñana alcanzado con el Estado, rubricado el 27 de noviembre del pasado año en Doñana entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo anunció este jueves el propio Fernández-Pacheco en una comparencia parlamentaria en comisión en el Parlamento de Andalucía y que abordará el próximo lunes el Consejo de Gobierno, que adelanta una jornada la fecha de celebración habitual de su reunión semanal.
Fernández-Pacheco ha asegurado este viernes sobre esa figura del comisionado que «lo que vamos a hacer en el próximo Consejo de Gobierno es que nos vamos a instar a la creación de una oficina que dependerá de la delegación del Gobierno de Huelva y en la que estarán integrados técnicos, funcionarios, de la Consejería de Presidencia, de Sostenibilidad y también de Fomento y de Agricultura».
El consejero y portavoz ha argumentado que la iniciativa de la Administración autonómica obedece a «cumplir con sus compromisos» por cuanto ha esgrimido que «el pacto por Doñana para nosotros no sólo está vigente», mientras ha defendido que ese acuerdo con el Estado, que entraña una inversión conjunta de 1.400 millones de euros, es «la mejor herramienta posible» tanto «para conservar el entorno natural de ese espacio maravilloso que es el Parque de Doñana» como para «aportar alternativas y soluciones a las personas que residen en su entorno».
Ha blandido el deseo de la Junta de Andalucía de poner en marcha su compromiso de «creación de una oficina que analizara la realidad de cada una de las personas afectadas por el Plan de Ordenación de la Fresa y vamos a cumplir ese compromiso», un planteamiento que subyace en el origen de la Proposición de Ley conjunta de Partido Popular y Vox para la ordenación de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal por cuanto se pretende que terrenos que pasaron a ser forestales tras la entrada en vigor en 2014 del Plan de Ordenación de Recursos de la Corona Forestal de Doñana pudiesen ser considerados suelos agrícolas regables con aguas superficiales.
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