El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este martes la Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), en la que se ha aprobado un presupuesto de 194,82 millones de euros para el nuevo marco 2024 - 2025, con los que el Estado sufragará los costes salariales de los trabajadores del programa, en concreto salarios y cotizaciones sociales. Así, se mantiene la misma cifra que en el periodo 2023-2024.
El encuentro, celebrado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha servido además para hacer seguimiento del PFEA en vigor, correspondiente a las obras que se desarrollan desde octubre de 2023 a septiembre de 2024, y que alcanzan las 1.816 actuaciones, «consiguiendo que la población no abandone sus pueblos y contribuyendo a garantizar unas rentas dignas con contratos de obras que en estos momentos se están desarrollando en casi todos los municipios andaluces».
Fernández ha recordado en un comunicado que este Programa, «de enorme importancia para contribuir al crecimiento económico de Andalucía, tiene su origen en el Plan de Empleo Rural, que ha permitido paliar que la población abandone el interior, al tiempo que ha mejorado la calidad de vida en sus entornos».
El PFEA afronta proyectos de interés general y social, así como iniciativas de inversión de las distintas administraciones públicas, en municipios andaluces mediante la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios. Por ello, al importe aprobado hay que sumar las aportaciones del resto de las administraciones (Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos) para la adquisición de los materiales.
Para la distribución de los fondos se ha seguido un criterio de asignación de créditos proporcional a la demanda y oferta de empleo en el sector agrario, teniendo en consideración, además, los créditos asignados el año anterior.
Una vez aprobado el presupuesto, ahora serán los subdelegados y subdelegadas quienes convoquen las comisiones provinciales para que los ayuntamientos puedan empezar a presentar los proyectos destinados a 2024-2025. Precisamente son las administraciones locales las responsables de determinar las actividades que darán empleo en sus municipios previa consulta con los interlocutores sociales.
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