Anticorrupción pide procesar a Francis Puig por falsedad documental y estafa en las subvenciones

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de València, consultado por Europa Press, el Ministerio Público pide que se incoe procedimiento abreviado al apreciar que los hechos analizados pueden ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con estafa agravada.

Además, precisa que las cantidades obtenidas de los gobiernos valenciano y catalán por una de las empresas --Mas Mut Producción SL-- asciende a 110.691,97 euros durante el período de 2015-2018. Por este posible perjuicio económico, se realiza el ofrecimiento de acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya.

La causa --en la que se investiga a Francis Puig y a Juan Enrique Adell Bover-- se centra en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas a las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat. En el caso de la Generalitat valenciana, las ayudas iban dirigidas a la protección y difusión del valenciano, mientras que en el de la Generalitat Catalunya el objeto era otorgar subvenciones estructurales para la prestación de servicios en legua catalana o aranesa.

La Fiscalía señala la necesidad de determinar qué cantidades fueron «indebidamente» obtenidas por dichas empresas. Una vez analizada la información remitida por las administraciones, entiende que los hechos no son constitutivos de delito de fraude de subvenciones puesto que no superan los 120.000 euros.

En cambio, el fiscal sí aprecia irregularidades respecto a los supuestos de falsedad documental y estafa en la actividad de diversas mercantiles. De hecho, señala que, de la investigación llevada a cabo, «se deduce que Mas Mut puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental o, incluso, podría cuestionarse seriamente el requisito de empresa beneficiaria de las subvenciones recibidas», puesto que se trata de una entidad «redundante» --ya que su objeto social está abarcado por Comunicació dels Ports-- y con sede social «ficticia».

Sobre esta última cuestión, se refiere a la «confusión» de las direcciones y advierte que Mas Mut «intentaba ocultar su verdadero domicilio social en Teruel», un hecho que le impedía optar a las convocatorias. Igualmente, apunta la posibilidad de que «la mayor parte de la facturación aportada por Mas Mut para justificar el abono de subvenciones podría tratarse de facturación falsa o creada con esa finalidad».

A lo largo de su escrito, el fiscal desgrana la existencia de facturas «con indicios de falsedad» y «duplicadas» de las diversas empresas y con proveedores.

Este material, le lleva a afirmar que «las irregularidades detectadas en la facturación de Mas Mut permiten deducir indicios suficientes para creen que »estamos ante una sociedad instrumental creada con la única finalidad de obtener subvenciones".

"cierre prematuro" de la investigación

Anticorrupción también pone el foco en facturas de Canal Maestrat y Kriol Produccions, también sospechosa de ser una «empresa ficticia por redundancia, identidad en el domicilio social, identidad en los socios y administradores e idéntico objeto social». Sin embargo, apostilla, el «cierre prematuro» de la investigación impide deducir indicios que puedan corroborar ese extremo.

Por todo ello, pide incoar el procedimiento abreviado, ya que en lo concerniente a Comunicació dels Ports y Mas Mut los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de falsedad documental y estafa. De los hechos, podrían ser autores materiales Francis Puig, como administrador y solicitante de las ayudas en representación de ambas empresas, y Juan Enrique Adell Bover, como administrador y solicitante de al ayudas de Comunicació dels Ports.

A su vez, vista la «facturación cruzada», ambos podrías ser autores por cooperación necesaria de los delitos cometidos por el otro.