El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid ha suspendido cautelarmente las obras de urbanización en el bosque Montegancedo de Pozuelo de Alarcón, atendiendo así la petición realizada por la Federación Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez subraya que se trata de un área «de un gran valor botánico y ecológico», así como «el hábitat ideal para una serie de especies de rapaces protegidas».
En este sentido, subraya que se trata --para lo que cita la información contenida en la propia web del Ayuntamiento de Pozuelo-- de un parque poblado «con abundantes encinas, alcornoques, coscojas, quejigos, pinos piñoneros y sabinas» que soporta «una nutrida biodiversidad, especialmente notable en sus aspectos botánicos y en la presencia permanente y reproductora de grandes rapaces protegidas».
El auto, con fecha de 26 de julio, reconoce el «interés público» que suscita el planeamiento urbanístico previsto y señala el «dilema» que se plantea a la hora de «determinar si los intereses que defiende la recurrente, protección del medio ambiente, es de mayor intensidad que el interés público y privado de ejecutar la urbanización», subrayado que la cuestión «no tiene fácil solución, sobre todo en este momento del proceso».
En cualquier caso, recuerda otros pronunciamientos judiciales en otros casos para señalar que el urbanismo «debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente».
Suspensión cautelar
Así, el juez acuerda suspender la ejecución provisional del proyecto de urbanización aprobado por la Junta de Gobierno Local de Pozuelo de Alarcón el pasado 17 de abril, si bien aclara que las actuaciones que se hagan y que no afecten a los aspectos señalados «pueden ejecutarse».
En este sentido, explica que «si no se suspendiera la ejecución del proyecto de urbanización el recurso perdería su finalidad, ya que cuando se dictara sentencia, si fuera favorable a la recurrente, toda la zona habría desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, y la desaparición de las aves rapaces, sin que sea posible de ningún modo revertir la situación a su estado anterior».
Por otro lado, establece que al tratarse de una organización, la recurrente, en defensa del medio ambiente «y no defender intereses particulares», el auto establece que «no procede» fijar una fianza y da un plazo de 15 días a las partes para interponer recurso de apelación.
Tras conocerse el fallo, Ecologistas en Acción ha destacado que la decisión judicial «antepone el interés público de la conservación de un enclave de alto valor botánico y ecológico al del desarrollo del planeamiento urbanístico».
La organización recuerda en un comunicado que la Dehesa de Montegancedo es «uno de los escasos enclaves que aún no se han urbanizado en Pozuelo de Alarcón», localizado al suroeste del municipio, entre la M-40 y las urbanizaciones La Cabaña y Montepríncipe, en Boadilla del Monte.
Además de sus valores naturales, en Montegancedo se localizan los restos de los polvorines de Retamares, construcciones militares que durante décadas constituyeron una de las principales reservas de munición y explosivos de la región Centro, explican, al tiempo que recuerdan que la toma del polvorín de Retamares fue «uno de los episodios más cruentos de los primeros meses de la Guerra Civil».
Por su parte, desde el Ayuntamiento lamentan que «se esté politizando» un proyecto y un desarrollo previsto desde al año 2002 y en donde además está previsto su primer plan municipal de vivienda para familias numerosas, como ya explicaba en su momento la concejala de Urbanismo, Carmen Salas, en una carta remitida en marzo a los vecinos.
Fuentes municipales consultadas por Europa Press recuerdan que se trata de una parcela privada y que el proyecto, sobre el que el Ayuntamiento «sólo realiza una valoración técnica y no política», cuenta con «todos los informes preceptivos favorables».
El Consistorio insiste en que «en ningún caso se va a expropiar un terreno de titularidad privada» y que gracias a este desarrollo el municipio conseguía incorporar 36 hectáreas de monte a su patrimonio, además de 300 viviendas para familias numerosas de la localidad que «ahora se retrasarán» por un tiempo que desconocen, han resaltado.
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