En declaraciones a los medios de comunicación en Granada antes de reunirse con la asociación Albayzin Habitable, Díaz ha advertido que en un escenario como esta capital andaluza «tenemos que prohibir temporalmente la compraventa de viviendas con fines claramente especulativos».
Esa meta lucrativa ha pedido contrarrestarla en supuestos como que las viviendas «no vayan dirigidas a los alquileres justos» o en la hipótesis de que los inmuebles «no vayan destinados a lo que es lo normal, que es el uso de la vivienda».
Ante esa renuencia de los gobiernos autonómicos del Partido Popular para «la aplicación estricta de una norma», Yolanda Díaz ha abogado por una propuesta como «privar de las subvenciones públicas a las comunidades autónomas que se nieguen» a seguir las directrices de la norma estatal.
Ha ironizado sobre «el constitucionalista a tiempo parcial», por cuanto ha reivindicado que el artículo 47 de la Constitución incluye el derecho a la vivienda, así como su aspiración de «impedir la especulación».
«Frente a la rebelión del Partido Popular, frente al proyecto de sociedad del Partido Popular, que es convertir barrios como el Albaicín en un lugar de un escenario poco menos que turístico, queremos vivir con dignidad», ha manifestado.
La vicepresidenta y ministra ha reclamado «que se intervenga el precio de la vivienda» en la búsqueda de «medidas eficaces» para impedir «lo que está pasando» en escenarios como el barrio granadino del Albaicín.
«Toca ya regular el alquiler turístico, toca ya regular el alquiler de temporada», por cuanto ha atribuido a estas relaciones entre propietarios y arrendatarios como «los dos factores principales» para el precio de la vivienda «sea un factor de inestabilidad social y emocional» para los españoles, convencida de que «la vivienda es un problema de centralidad para la ciudadanía».
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