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La valoración que a los empresarios no nos queda más remedio que ofrecer tras conocer las intenciones para Balears del Gobierno que preside Pedro Sánchez con su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 no puede ser otra que la de una absoluta decepción. Las cuentas presentadas esta semana en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, favorecen el desequilibrio regional y minan la igualdad de oportunidad al asignar a los ciudadanos de las Islas 135 euros por habitante, casi la mitad que al resto del país, donde la media es de 261 euros por habitante.

Con un recorte de las inversiones del 11,7%, un presupuesto que queda reducido a 152 millones de euros -20 millones menos que en 2018 y casi la mitad de los 280 millones que el Estado destinó hace 10 años- y sin mención alguna al REB, el Régimen Especial de Balears por el que hemos desde CAEB apoyado al Govern, Balears queda relegada, menospreciada, como una de las comunidades más perjudicadas del país por estos presupuestos.

Pero además, las cuentas del Gobierno dañan la confianza empresarial y el esfuerzo inversor que vienen realizando las empresas en todos los sectores de la actividad de nuestra economía. Es decepcionante que el empuje del sector privado no se vea respaldado por la administración pública. Todo lo contrario. Perjudica el desarrollo económico de Balears no solo recortando las inversiones, sino también cargando con más impuestos la espalda de los ciudadanos y la cuenta de las empresas en un momento, como el actual, en el que la economía y la creación de empleo se están desacelerando, y en el que han aumentado significativamente los riesgos de cara al futuro.

El peso de la inversión en Balears lo están soportando las empresas y el empuje de los empresarios es el que está tirando de la economía de las Islas. Un esfuerzo empresarial que ha llevado a nuestra comunidad a liderar en los últimos años tanto el crecimiento económico como la creación de empleo a nivel nacional gracias a la inversión y al dinamismo que los empresarios han desplegado en nuestras islas. Sin embargo, la falta de compromiso por parte de las administraciones que nos gobiernan es una invitación al desánimo y a que los inversores elijan otros lugares más amables para poner en marcha sus proyectos.

Pero, también, los argumentos de justicia social y de igualdad de oportunidades convierten en inaceptable que ese esfuerzo inversor del sector privado no venga acompañado de la necesaria inversión pública. Hacen falta inversiones en infraestructuras y políticas que contribuyan a paliar la desigualdad que padecemos los ciudadanos de unas islas que, sin AVE ni grandes autopistas, contribuimos al erario público nacional como los de otras comunidades que sí disfrutan estas comodidades.

Tampoco puede argumentarse que el aumento del descuento sea la razón del recorte en Balears puesto que también lo disfrutan los canarios sin que allí decaiga la inversión prevista. Aquí, precisamos políticas que sirvan para reducir los costes de la insularidad, un factor que nos obliga a competir en inferioridad de condiciones con las empresas del resto del país.

Y no olvidemos que tampoco contribuyen positivamente los Presupuestos de la Comunitat. Unas cuentas autonómicas que también conllevan un nuevo aumento de impuestos, lo que ya es de por sí una mala noticia, y más aún cuando este aumento de la recaudación va destinado a incrementar el gasto corriente en lugar de dirigir recursos a inversión productiva que es la que, ciertamente, sirve para impulsar la economía y para crear empleo.