El Consejo Constitucional puso ayer punto y final a la riña sobre
la inversión del orden de las elecciones presidenciales y
legislativas de 2002, que enfrentó al presidente con el primer
ministro y generó curiosas alianzas. La luz verde de la máxima
institución constitucional francesa al proyecto de ley, aprobado el
pasado 24 de abril por la cámara de diputados, permite convocar las
elecciones presidenciales unas semanas antes de las legislativas.
Se dio carpetazo así al pulso que por este tema mantuvieron el
presidente, el neogaullista Jacques Chirac, y el primer ministro,
el socialista Lionel Jospin -seguros rivales al Elíseo en 2002-, y
que generó fisuras a izquierda y derecha del arco parlamentario.
Aprobada por los diputados por 308 votos a favor, 251 en contra
y 8 abstenciones, la ley prolonga más de dos meses el mandato de
los diputados en esta legislatura para que las presidenciales se
puedan celebrar antes que las Legislativas, lo que, según los
analistas, favorece a Jospin, y, según sus detractores, era
inconstitucional. En rueda de prensa, el presidente del Consejo
Constitucional y ex ministro neogaullista, Yves Guéna, dijo que la
norma impulsada el pasado noviembre por Jospin no atenta contra
«ningún principio, ni regla» de la Carta Magna francesa.
Guéna puntualizó que el Consejo Constitucional -cuya
independencia es puesta sistemáticamente en tela de juicio por la
izquierda debido a su composición mayoritaria de derecha- no entró
en ningún momento a valorar «si la inversión del calendario es
oportuna o no». El debate de la ley orgánica opuso, de forma
inédita, al Partido Socialista (PS) de Jospin y a una parte de la
centroliberal UDF de François Bayrou -quien no oculta sus
ambiciones presidenciales- con los socios gubernamentales, Partido
Comunista Francés (PCF) y Verdes, que en esta guerra se aliaron con
el RPR de Chirac.
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