De esos 700 detenidos, la mayoría han sido deportados a sus
países de origen, apenas unos pocos han sido acusados de crímenes y
sólo uno, Zacarias Moussaoui, detenido antes del 11-S ha sido
acusado de participar en los atentados.
La decisión del Supremo confirma la sentencia dictada en junio
por una corte de apelación federal, que consideró que el
Departamento de Justicia tenía derecho a mantener en secreto esos
nombres, por el riesgo que supondría que la información cayera en
manos terroristas.
Esta sentencia fue recurrida por el Centro para los Estudios en
Seguridad Nacional que demandó al gobierno de Bush para obtener los
datos acerca de los detenidos, acusando a las autoridades de violar
los derechos de los presos y la garantía de información a los
ciudadanos. Más de 20 medios de comunicación se sumaron a la
demanda.
«El Departamento de Justicia de EE UU no ha revelado los nombres
de los detenidos para encubrir el hecho de que han arrestado a
árabes y musulmanes inocentes», dijo en su momento Kate Martin, la
directora del organismo. Según los demandantes, el Gobierno apresó
a personas basándose en pruebas insuficientes acerca de posibles
actividades terroristas y luego, al comprobar que eran inocentes,
las deportó a sus países de origen argumentando que habían violado
las leyes de inmigración. El Gobierno impidió el acceso tanto a los
informes de las autoridades migratorias y como a los nombres de los
detenidos.
Ahora, la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el caso
representa una victoria para la Administración Bush, que argumenta
que revelar los nombres de los presos serviría a los terroristas
para saber cómo se llevaron a cabo las investigaciones después de
los atentados.
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