El Supremo permite a Bush seguir ocultando el nombre de los detenidos por el 11-S

De esos 700 detenidos, la mayoría han sido deportados a sus países de origen, apenas unos pocos han sido acusados de crímenes y sólo uno, Zacarias Moussaoui, detenido antes del 11-S ha sido acusado de participar en los atentados.

La decisión del Supremo confirma la sentencia dictada en junio por una corte de apelación federal, que consideró que el Departamento de Justicia tenía derecho a mantener en secreto esos nombres, por el riesgo que supondría que la información cayera en manos terroristas.

Esta sentencia fue recurrida por el Centro para los Estudios en Seguridad Nacional que demandó al gobierno de Bush para obtener los datos acerca de los detenidos, acusando a las autoridades de violar los derechos de los presos y la garantía de información a los ciudadanos. Más de 20 medios de comunicación se sumaron a la demanda.

«El Departamento de Justicia de EE UU no ha revelado los nombres de los detenidos para encubrir el hecho de que han arrestado a árabes y musulmanes inocentes», dijo en su momento Kate Martin, la directora del organismo. Según los demandantes, el Gobierno apresó a personas basándose en pruebas insuficientes acerca de posibles actividades terroristas y luego, al comprobar que eran inocentes, las deportó a sus países de origen argumentando que habían violado las leyes de inmigración. El Gobierno impidió el acceso tanto a los informes de las autoridades migratorias y como a los nombres de los detenidos.

Ahora, la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el caso representa una victoria para la Administración Bush, que argumenta que revelar los nombres de los presos serviría a los terroristas para saber cómo se llevaron a cabo las investigaciones después de los atentados.