TW
0

El juicio que comenzó ayer en el Tribunal de Tel Aviv contra el empresario David Apel, sospechoso de haber intentado sobornar, con su consentimiento, al primer ministro israelí, Ariel Sharón, compromete al jefe de gobierno en un proceso por corrupción.

El acusado procuró valerse de la influencia de Sharón, cuando era ministro de Asuntos Exteriores a finales de la década de los años noventa, y del entonces alcalde de Jerusalén, Olmert, para llevar adelante un proyecto turístico con la compra de una isla griega. La revelación de ayer en el tribunal, según la nueva demanda, fue que Apel habría dicho a Sharón que con ese proyecto, que no llegó a concretarse, su hijo «ganaría mucho dinero», unos tres millones de dólares.

Apel, contratista de obras y activista del bloque Likud, que preside Sharón, había sido encausado judicialmente el año pasado por esas sospechas pero el expediente se archivó por falta de pruebas fehacientes acerca de supuestos delitos de soborno.

Ayer se presentó una demanda enmendada y que implica sin ambages al primer ministro y al viceprimer ministro Ehud Olmert, titular de Industria y Comercio, como «participantes activos» en los delitos de cohecho que se le atribuyen al contratista.

El Partido Laborista israelí, que preside el veterano estadista Simón Peres, solicitó ayer la convocatoria del Parlamento (Kneset) para plantear una moción de censura contra Sharón. El diputado laborista Ofer Pines dijo que se trata de un asunto sin precedentes, «un terremoto político», y que en un país «con estándares apropiados, dadas las sospechas por corrupción que se ciernen sobre Sharón y uno de sus hijos, Guilad, «el primer ministro ya habría dimitido hace tiempo».