La idea del Ejecutivo comunitario es que el certificado sea expedido de manera gratuita, cuente con un código QR con información médica básica del paciente sobre su situación respecto al coronavirus y que pueda ser presentado a las autoridades en formato físico o digital, por lo que insta a los Estados miembro a acelerar el trabajo técnico necesario para su utilización.
Bruselas aspira a que el instrumento esté a punto tanto en plano legal como técnico ya «en junio», según ha dicho en una rueda de prensa el comisario de Justicia, Didier Reynders, para que pueda ser utilizado este mismo verano y evitar así que se repita la «fragmentación» en las medidas de los Veintisiete como ha ocurrido durante toda la pandemia.
La propuesta comunitaria no pretende «regular el uso» que se pueda dar al certificado, según recalcan fuentes comunitarias, porque cada Estado miembro debe decidir sobre sus medidas en función de la situación epidemiológica, pero sí aspira a garantizar que si un país decide suavizar las exigencias a las personas vacunadas ello se aplique «del mismo modo» a todas las personas poseedoras del certificado.
El documento presentará la información en las lenguas oficiales del país emisor y también en inglés e incluirá un volumen «limitado» de información a la que solo se podrá acceder para confirmar y verificar la autenticidad y validez del certificado, para evitar problemas con la protección de datos del usuario.
Recogerá, por ejemplo el nombre, fecha de nacimiento y número de identidad del titular, la fecha de expedición del certificado e información relevante sobre la vacuna inoculada, la recuperación tras el contagio o el test realizado.
La Comisión recalca, además, que no debe ser visto como un título que abra automáticamente las fronteras a su titular, porque supondría una discriminación para los europeos que no han podido o no quieren vacunarse, pero sí confía en que permita ya este verano reactivar el turismo sin aumentar el riesgo de propagación del virus.
Por ello, la propuesta defendida por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen deja en manos de cada Estado miembro decidir qué restricciones sanitarias está dispuesto a relajar o retirar para los viajeros con este «certificado digital verde», por ejemplo eximiéndoles de cumplir cuarentenas en destino o de la obligación de presentar un test negativo reciente en sus desplazamientos.
Con todo, los servicios comunitarios avisan de que si concede estos beneficios a los titulares del certificado en su país deberá reconocérselos también a los residentes del resto de Estados miembro, del mismo modo que deberá aplicar las mismas ventajas a quienes estén vacunados, hayan pasado recientemente la enfermedad o acrediten no estar contagiados con un test.
Para evitar discriminaciones, Bruselas quiere que el país que relaje medidas sanitarias como la exigencia de cuarentena o de test negativo a viajeros vacunados ofrezca las mismas exenciones a aquellos que acrediten tener anticuerpos o presenten una prueba negativa de infección.
También pide que los Estados miembro que opten por mantener las mismas restricciones a quienes viajen con certificado y sin él tengan que notificar tanto a la Comisión como al resto de socios su decisión y explicar por qué no exime de cuarentena o test a quienes cuenten con este documento.
«El certificado verde digital no será una precondición para la libre circulación y en ningún caso será discriminatorio», ha afirmado el comisario de Justicia, para recalcar que el Ejecutivo comunitario ha escuchado las reservas de países como Francia y Bélgica, que avisaron de que no aceptarán un «pasaporte covid», y centra su propuesta en un documento con información médica útil.
Si sale adelante el certificado, que aún debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, la Comisión también pide que sea una medida «temporal» que sea suspendida en el momento en que la Organización Mundial de la Salud declare el final de la emergencia sanitaria internacional, pero que podría ser reactivado en el futuro en caso de nuevas pandemias.
Esta iniciativa está abierta al resto de países del espacio económico europeo -- Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-- con la condición de reciprocidad y la Comisión trabaja con países terceros para buscar también la convergencia con sistemas internacionales.
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