Su respiración se escucha tan rápido como si acabara de jugar un partido de fútbol, pero en realidad su cuerpo está inmóvil, parece muerto. La adrenalina viene del tiroteo que ocurre a pocos metros de donde está, tendido en una de las principales vías de la ciudad colombiana de Cali, mientras graba todo con su teléfono móvil.
Después, José Dávila se levanta, camina en medio de la oscuridad hasta donde está la misión médica y en medio del barullo se escuchan nueve balazos más. Todo es caos otra vez en el sector de La Luna, uno de los sitios más convulsos de la tercera ciudad más importante de Colombia, desde que se inició el paro nacional (huelga general) el pasado 28 de abril.
Esa incursión deja dos personas heridas con impacto de arma de fuego; una de ellas es amigo de José. Ambos donaban insumos médicos y alimentos a quienes mantienen vivas las protestas en ese sector céntrico de Cali.
Las movilizaciones fueron convocadas como parte del rechazo a una reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo colombiano al Congreso que, según expertos, golpearía de manera contundente el bolsillo de la clase media colombiana.
El proyecto fue retirado por el Gobierno nacional, pero once días después las peticiones de los manifestantes han escalado a retirar la reforma a la salud que se cursa en el Congreso de la República, implementar los acuerdos de paz, acabar con la violencia policial o impedir el fracking, entre muchísimas demandas que se escuchan en las calles.
En la otrora Sucursal del Cielo, las noches parecen un infierno. Un periodista de la ciudad, curtido en hacer reportajes de guerra en el vecino y convulso departamento del Cauca, dice que solo la vida en zona de conflicto armado se le parece a lo que ha vivido los últimos días en su casa, a unas cuantas cuadras de La Luna.
«Tan pronto llega la noche, empieza el sobrevuelo de helicópteros, se escuchan las detonaciones, ráfagas. El miedo de las últimas noches solo lo había sentido una de las tantas veces que estuve en Toribío», explica el periodista que prefiere mantenerse en el anonimato.
Para entender mejor, basta con decir que Toribío es una localidad del Cauca, enclavada entre dos cordilleras, que sufrió 800 ataques de la extinta guerrilla de las FARC antes de que se firmase el acuerdo de paz con el Gobierno en 2016.
De ahí que Matilde Roldán, un ama de casa, esté en crisis emocional porque ella no conoce la guerra en el campo, pero sí ha vivido de cerca los hechos ocurridos en las noches de Cali desde que se iniciaron las protestas.
En el día también sobrevuelan helicópteros y suenan sirenas de ambulancias, pero en la noche esos sonidos se agudizan y retumban las descargas de armas de fuego, las detonaciones, los pasos acelerados, los gritos de «nos están matando».
En lo que va de protestas, según cifras consolidadas por varios colectivos y organizaciones, de las 47 víctimas de homicidios durante las manifestaciones, 35 han tenido lugar en Cali, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo.
La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía bajan esas cifras a 27 personas muertas durante las jornadas en todo el país, de las cuales solo 11 estarían ligadas directamente con los hechos, siete están «en verificación» y hay nueve que no tienen relación con las protestas.
La voz de Matilde, temblorosa y rasgada de tanto gritar, quedó inmortalizada en un vídeo que ha circulado en fragmentos por redes sociales. Se ve que policías le lanzan piedras para evitar que siga grabando, su esposo les encara con arengas de «asesinos».
Uno de estos agentes, envalentonado, se gira y le responde que «le importa un culo» que lo vea. Ninguno de los policías lleva su número de identificación en el uniforme y van con cascos de motociclista, lo que impide que sean reconocidos.
Las balas, los estallidos se repiten siempre en las mismas zonas de Cali en medio de la penumbra. A veces cortan el servicio de energía y la señal de internet es tan débil que se volvió casi imposible hacer transmisiones en vivo como las que al principio de las marchas mostraron el asesinato de un joven grafitero que participaba en una vigilia.
Los vecinos aseguran que los cortes en esos servicios son ordenados por el Gobierno y se convierten en una mordaza para que el mundo no se entere de lo que ocurre; pero la Fiscalía, en comunicados oficiales, ha expresado que, si ha habido afectaciones, se debe precisamente a los daños que han ocasionado vándalos en esa infraestructura.
Al llegar el día, los reportes oficiales no reflejan el horror. Las cifras oficiales de víctimas están desactualizadas, y son terreno de disputa entre los organismos oficiales y las organizaciones que están en el terreno documentando todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo durante estos días.
Con la salida del sol, Cali se sume en una tensa calma, desde hace doce días sus casi tres millones de habitantes esperan que la que siga sea una noche mejor.
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